El sindicato considera «crítica» la situación y ha anunciado que si la Administración no ofrece una respuesta «inmediata, expresa y garantista» a sus reclamaciones, hará pública la convocatoria de paros.
UGT denuncia silencio administrativo y falta de respuesta del Gobierno
Según denuncia UGT, varios expedientes presentados para reconocer la penosidad de las profesiones vinculadas al transporte por carretera continúan sin resolución. El sindicato acusa al Ejecutivo de dejar pasar los plazos administrativos sin ofrecer respuestas claras, una situación que, a su juicio, genera inseguridad jurídica y perjudica a miles de trabajadores.
El sindicato acusa al Ejecutivo de dejar pasar los plazos administrativos sin ofrecer respuestas claras, una situación que, a su juicio, genera inseguridad jurídica y perjudica a miles de trabajadores
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La organización sindical sostiene que el silencio administrativo no puede convertirse en la respuesta a unas demandas que afectan directamente a la salud, la seguridad laboral y el futuro de jubilación de conductores y profesionales del transporte.
Jubilación anticipada para conductores: una reclamación histórica
UGT defiende que los trabajadores del transporte de viajeros y mercancías soportan durante años condiciones especialmente duras, marcadas por la fatiga, la presión operativa, las largas jornadas, el sedentarismo y la elevada siniestralidad.
El sindicato subraya además que muchos profesionales afrontan turnos nocturnos, horarios cambiantes y un progresivo deterioro de la salud derivado de la actividad en carretera, motivos por los que reclama la aplicación de coeficientes reductores que permitan acceder antes a la jubilación. “Los coeficientes reductores no pueden seguir bloqueados”, señala la organización en un comunicado hecho público por Europa Press.
«Los coeficientes reductores no pueden seguir bloqueados»
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Amenaza de huelga indefinida en junio
Ante la falta de avances, UGT ha elevado la presión sobre el Gobierno y avisa de que el sector responderá con movilizaciones si continúa el bloqueo administrativo. La organización exige que los expedientes se resuelvan de forma inmediata, que las solicitudes no sean rechazadas únicamente por el vencimiento de los plazos y que se establezca un calendario “claro, público y verificable” para tramitar los procedimientos pendientes.
