Sin embargo, ya se ha superado el plazo máximo de seis meses para resolver el procedimiento y notificar la resolución, establecido en el Real Decreto 402/2025, sin que exista todavía una decisión sobre si estos trabajadores podrán anticipar su jubilación. En una situación similar se encuentran también los profesionales del sector de la construcción. jubilación conductores
El Ministerio de Seguridad Social ya ha superado el plazo máximo de seis meses para resolver el procedimiento y notificar la resolución
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Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) continúa elaborando el informe sobre morbilidad y mortalidad de los conductores profesionales, documento clave para que el departamento que dirige Elma Saiz adopte una decisión. Según informa el diario El País, citando fuentes ministeriales, “existe una enorme labor de recopilación de datos, diseño de bases estadísticas y delimitación precisa del colectivo”. Además, añaden que se está dedicando un esfuerzo considerable a fijar estándares, ya que este informe servirá de referencia para futuros procedimientos similares. Aunque la Seguridad Social no ofrece un plazo concreto para su finalización, asegura que “se prevé que su elaboración no se demore”.
“Una irresponsabilidad política, administrativa y social”
CCOO advierte de que el mes de abril marca el vencimiento del plazo de seis meses, lo que introduce un obstáculo relevante en el procedimiento. El sindicato recuerda que, aunque la Administración puede seguir tramitando el expediente fuera de plazo, el artículo 22.2 del citado real decreto establece que, si no existe resolución expresa, las solicitudes deben entenderse desestimadas por silencio administrativo.
A juicio de la organización, resulta “imposible” que la Seguridad Social cumpla los plazos, ya que todavía no se ha elaborado el primero de los cuatro informes necesarios, a los que posteriormente se suman el trámite de audiencia a los interesados y la resolución final por parte de la DGOSS.
«Es una irresponsabilidad política, administrativa y social no dar respuesta a las solicitudes dentro de los plazos establecidos por su propia norma»
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Ante esta situación, CCOO reclama responsabilidad y seguridad jurídica a la Administración: “Es una irresponsabilidad política, administrativa y social no dar respuesta a las solicitudes dentro de los plazos establecidos por su propia norma”. Por ello, exige al Ministerio que destine los recursos necesarios para resolver los expedimientos y que emita una resolución que evite que las solicitudes se consideren desestimadas por el transcurso del plazo. De lo contrario, advierte el sindicato, el procedimiento podría convertirse en “un mecanismo que, en la práctica, bloquee el acceso a la jubilación anticipada en determinadas profesiones, como la de los conductores profesionales”.
Desde CCOO están dispuestos a consensuar un calendario de movilizaciones que podría desembocar en una huelga general del transporte en España
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En la misma línea expresada durante la concentración celebrada el pasado mes de marzo frente al Ministerio de Transportes, los representantes de CCOO advierten de que, si no se aprueba la jubilación anticipada, el sector podría movilizarse. “Iniciaríamos contactos con el resto de organizaciones —trabajadores, autónomos y empresas— para consensuar un calendario de movilizaciones que podría desembocar en una huelga general del transporte en España”, concluyen.
