La Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) ha pedido a la Comisión Europea ayudas específicas para los transportistas ante el fuerte incremento de los precios del gasóleo, vinculado a la crisis de Oriente Medio. La organización también reclama una normativa europea que establezca un plazo máximo de pago de 30 días para los servicios de transporte por carretera.
Estas peticiones figuran en una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un contexto marcado por las protestas y los bloqueos espontáneos protagonizados por transportistas en varios países de la Unión Europea. La IRU y sus federaciones nacionales han manifestado su rechazo a estas movilizaciones y defienden el diálogo con las instituciones para evitar interrupciones en las cadenas logísticas y en los servicios de transporte de viajeros.
El gasóleo representa el 30 % de los costes de los transportistas
El secretario general de la IRU, Habib Turki, ha advertido de las dificultades económicas que afrontan las empresas del sector como consecuencia del encarecimiento del combustible. «Los camiones y autobuses de toda la UE consumen aproximadamente 6.800 millones de litros de gasóleo al mes. Dado que el combustible representa alrededor del 30 % de los costes operativos y que muchas empresas trabajan con márgenes de beneficio de apenas entre el 1 % y el 3 %, las subidas de precios ejercen una presión considerable sobre sus negocios», ha señalado.
La organización subraya que las pequeñas y medianas empresas de transporte son especialmente vulnerables, ya que muchas carecen de reservas financieras suficientes para afrontar incrementos repentinos de los costes operativos. A esta situación se añade el problema de la morosidad, que reduce todavía más la liquidez de los transportistas y limita su capacidad para mantener la actividad y acometer nuevas inversiones.
La IRU reclama ampliar las ayudas al transporte hasta finales de 2027
Para aliviar la presión económica sobre las empresas, la IRU ha solicitado a la Comisión Europea dos medidas concretas.
La primera consiste en prorrogar durante un año, hasta el 31 de diciembre de 2027, el Marco Temporal de Ayudas Estatales por la Crisis de Oriente Medio, manteniendo las disposiciones específicas que afectan al transporte por carretera.
La segunda propuesta es la aprobación de un reglamento europeo contra la morosidad en el transporte por carretera que establezca un plazo máximo de pago de 30 días, acompañado de mecanismos eficaces para garantizar su cumplimiento.
La organización considera que ambas medidas contribuirían a proporcionar estabilidad financiera a las empresas, especialmente a los autónomos y pymes, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial del sector.
«Muchas empresas no disponen de reservas financieras suficientes para afrontar el fuerte incremento de los precios del gasóleo. Los retrasos en los pagos debilitan aún más su capacidad de resistencia financiera. Las medidas específicas de la UE proporcionarían a los transportistas la estabilidad necesaria para mantener sus servicios y seguir invirtiendo», ha explicado Turki.
La IRU rechaza los bloqueos y apuesta por el diálogo
La organización internacional también se ha pronunciado sobre las protestas y los bloqueos espontáneos registrados en diferentes países europeos como consecuencia de la situación económica del transporte. Aunque reconoce las dificultades que atraviesan los operadores, la IRU no respalda estas acciones y apuesta por la cooperación con las instituciones europeas para encontrar soluciones que permitan mantener la actividad.
«Los transportistas necesitan soluciones prácticas, no interrupciones de la actividad. No apoyamos las protestas ni los bloqueos. Pedimos un diálogo constructivo y medidas específicas que respondan a las presiones que afrontan las empresas, protejan la continuidad de los servicios de transporte y refuercen la resiliencia del sector», ha concluido Habib Turki.
