Los plazos de pago a los transportistas en España han alcanzado un nuevo mínimo histórico. Según los datos correspondientes a septiembre de 2026 del Observatorio Permanente de la Morosidad, elaborado por Fenadismer en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, el periodo medio de pago se ha reducido hasta los 47 días, cinco menos que en agosto.
Esta evolución confirma la tendencia positiva registrada durante los últimos años. Desde la aprobación del régimen sancionador contra la morosidad en el transporte por carretera a finales de 2021, los plazos medios han pasado de 83 días en 2021 a 59 días en 2025, hasta situarse en los actuales 47 días. Además, por primera vez desde que se elabora el Observatorio, todos los meses analizados de un mismo año han registrado plazos medios de pago inferiores a los 60 días, límite máximo establecido por la legislación sobre morosidad.
Uno de cada tres clientes sigue pagando fuera de plazo
Pese a esta mejora, la morosidad continúa afectando a una parte importante de las empresas y autónomos del transporte. En septiembre, el 34 % de las empresas cargadoras e intermediarias incumplió los plazos legales de pago. No obstante, la mayoría de estos incumplimientos fueron leves. En concreto, el 80 % correspondió a pagos realizados entre 60 y 90 días después de la prestación del servicio.
En el extremo opuesto, un 4 % de las empresas incumplidoras continúa pagando a más de 120 días, duplicando el plazo máximo legal.
El Observatorio también analiza los medios utilizados habitualmente para abonar los servicios de transporte. La transferencia bancaria continúa siendo la modalidad predominante, con un 76 % del total.Le siguen el confirming, que representa el 19 % de las operaciones, el pagaré (5 %) y el cheque, cuya utilización es inferior al 1 %.
Las sanciones por morosidad se reducen en el transporte
Fenadismer valora positivamente la evolución de los plazos de pago y atribuye buena parte de esta mejora a la labor inspectora desarrollada por las administraciones de transporte, tanto estatales como autonómicas. Según los datos publicados por el Ministerio de Transportes, durante el primer semestre de 2026 se impusieron 101 sanciones por morosidad a empresas cargadoras e intermediarias, una cifra cuatro veces inferior a la registrada hace tres años.
