Cantabria y Castilla y León son las últimas comunidades autónomas que han implantado este impuesto sobre los hidrocarburos.
El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, coloquialmente conocido como "Céntimo Sanitario", está compuesto de dos tramos: uno estatal (2,4 céntimos sobre el litro de combustible consumido) y otro autonómico (el gobierno de cada comunidad decide si se aplica un recargo de hasta 4,8 céntimos/litros.)
Fue creado por el ejecutivo de José María Aznar en 2001 para enjugar el déficit del sistema sanitario, que por aquel entonces rondaba los 4.000 millones de euros. Ahora vuelve a estar de actualidad porque algunas comunidades se han visto obligadas a recurrir a su implantación para paliar los efectos de la crisis. Ni ahora ni antes fue "un céntimo" y parece que también ha dejado de ser "sanitario" para convertirse en un bálsamo para la maltrecha situación económica de algunas autonomías.
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En las últimas semanas Castilla y León y Cantabria se han sumado a la amplia nómina de comunidades que ya habían implantado este impuesto durante los últimos años (Galicia, Asturias, Andalucía, Extremadura, Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Cataluña)
La comunidad castellanoleonesa comenzó a aplicar este impuesto el pasado mes de enero. Su consejera de Haciendo, Pilar del Olmo, cedió, parcialmente, a las peticiones de los profesionales del transporte y anunció que durante 2012 se les devolverá la mitad del céntimo sanitario.
Este gesto no tuvo muy buena acogida. Una veintena de colectivos empresariales de Castilla y León firmaron un manifiesto de rechazo, al considerar que la Junta decidió su aprobación de forma "precipitada y poco meditada", que tiene una "dudosa legalidad en el marco europeo", y que, además, es un impuesto "inoportuno y desacertado" que generará nuevos problemas en lugar de solucionar la financiación del sistema sanitario.
Aunque Del Olmo ha asegurado que "no hay marcha atrás", parece que las movilizaciones continuarán. El objetivo es conseguir establecer una situación similar a la de la Comunidad Valenciana, donde los profesionales del transporte ven reintegrado este impuesto en su totalidad.
Hace tan solo unas semanas, el Gobierno de Cantabria siguió la estela de sus vecinos e incluyó la implantación del "Céntimo Sanitario" dentro de un plan de ajuste para ahorrar 157 millones de euros en 2012.
FETRANSA, organización del sector del transporte de mercancías por carretera que agrupa a autónomos y Pymes del sector, ha mostrado su "más absoluto rechazo" ante esta medida y ha anunciado que apoyará las movilizaciones que se lleven a efecto por parte de todos los colectivos implicados.
¿El País Vasco la siguiente?
Parece que el País Vasco también podría seguir el mismo camino y optar por la implantación del tramo autonómico de este impuesto sobre el combustible. La Federación de Cooperativas de Transporte de Euskadi, la Agrupación Alavesa de Transporte, Guitrans y el sindicato Hiru, ya han protagonizado movilizaciones para mostrar su rechazo. Consideran que implantar el polémico "céntimo sanitario" sería la puntilla para sus ya "enfermas" empresas.
FENADISMER solicita su derogación cautelar
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) solicitó formalmente al Ministro de Hacienda que se apruebe con carácter urgente la derogación cautelar de dicha ley hasta que se resuelva el recurso por el Tribunal europeo y que estudie otras fórmulas fiscales de financiación tanto estatales como autonómicas.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al que se sumó el Tribunal Superior de Galicia, planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial para que analizase la posible ilegalidad del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos porque consideran que podría ser contrario a la normativa europea en materia de fiscalidad sobre los carburantes.
La Comisión Europea mediante dictamen motivado el pasado año 2008 ya instaba al Gobierno español a que modificara la legislación española por considerar que dicho impuesto no se ajustaba a la normativa comunitaria, amenazando con presentar la correspondiente demanda ante el Tribunal de Justicia Europeo, si no corregía dicha situación ilegal.
A pesar de la resolución de la Comisión Europea, a la que se suman las cuestiones de prejudicialidad planteadas por los Tribunales Superiores de Justicia, los sucesivos Gobiernos españoles han mantenido vigente el impuesto sanitario sobre los carburantes, por lo que de dictarse una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Agencia Tributaria española se podría ver obligada a devolver a los consumidores profesionales y particulares lo recaudado en los últimos 5 años por este impuesto, en torno a 1000 millones de euros anuales más los intereses legales de demora vigentes, lo que supondría un importante quebranto económico para las arcas públicas superior a los 6000 millones de euros, según las estimaciones de FENADISMER.
Combustible: el 35% de los costes de explotación y más caro
En la actualidad, según se recoge en el Observatorio de Costes del Ministerio de Fomento, el combustible ya supone el 35% de los costes de explotación de una empresa de transportes. Por lo que la aplicación de este nuevo impuesto en más comunidades supondrá un notable impacto que dificultará la supervivencia de las empresas de transporte y afectara de forma negativa a la competitividad de toda la economía española.
A esta circunstancia hay que añadir la escalada continua protagonizada por el precio del combustible durante las últimas semanas, que se acerca peligrosamente a la frontera de 1,40 euros.
En Extremadura también habrá devolución para los transportistas
Se suma a la Comunidad Valenciana, que fue pionera al establecer la devolución íntegra de dicho impuesto, y a Castilla-León, que sólo devuelve la mitad del impuesto recaudado.
Según ha hecho público FENADISMER, el Presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha manifestado su compromiso de aprobar el sistema de devolución del céntimo sanitario a los transportistas, en consonancia con lo que están aplicando las antes referidas Comunidades Autónomas, lo que llevará a cabo de forma inmediata con ocasión de “la primera ley tributaria que se tramite ante la Asamblea de Extremadura”
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- Castilla y León devolverá la mitad de este impuesto a los transportistas durante 2012.
- Cantabria ha incluido su implantación dentro de un plan de ajuste para ahorrar 157 millones de euros a lo largo de este ejercicio.