A lo largo de 2025 se viene confirmado la tendencia positiva iniciada en la reducción de los plazos de pago a los transportistas por parte de sus clientes. En octubre, se volvió a situar por segunda vez por debajo del límite legal de los 60 días en la evolución estadística que publica el Observatorio permanente de la morosidad, en concreto descendió hasta los 58 días.
«Aunque el dato es muy positivo, aún hay muchas conductas que corregir. En octubre, las empresas cargadoras e intermediarias que incumplieron la legislación de lucha contra la morosidad (plazos de pago superiores a 60 días) suponen aún el 50% del total, aunque en el 81% de los casos los incumplimientos fueron leves (entre 60 y 90 días). Sin embargo, en el lado opuesto hay todavía un 3% de empresas incumplidoras que aún pagan de 120 días, aunque muy inferior al que se producía en 2022 en el que esta franja de incumplimiento se situaba en más del 20%», explican desde Fenadismer.
En cuanto a los medios de pago, la transferencia es el medio más utilizado para el pago de los servicios de transporte (60%). Le siguen el confirming (35%), el pagaré (5%) y el cheque (<1%).
Avances en Europa
Por su parte, la Comisión Europea sigue trabajando en su objetivo de la aprobación final de un Reglamento a nivel europeo de lucha contra la morosidad. El objetivo es reforzar la vigente regulación para proteger mejorar a las pymes y mejorar la puntualidad en los pagos.
En este sentido, el pasado verano lanzó una encuesta dirigida a empresas y asociaciones con el objetivo de recabar opiniones y datos sobre el impacto de la morosidad en las transacciones comerciales. Más de 3.000 encuestados han informado sobre el impacto real que tienen los retrasos en los pagos en el funcionamiento y sostenibilidad del tejido empresarial en los diferentes países de la UE. Un 73% de los encuestados consideran la morosidad un problema grave, de tal forma que a un 40% les obliga a reducir sus inversiones y su crecimiento empresarial. El 39% tiene que recurrir a financiación bancaria para cubrir sus desajustes de tesorería motivados por los retrasos en los pagos, y que incluso un 30% ven peligrar su propia supervivencia empresarial.
