Según las estimaciones de FENACOTRANS, aproximadamente un 10% de las cooperativas del sector actúa de forma fraudulenta, «pero su crecimiento ha sido exponencial a lo largo de estos años y ya superan el millar de asociados». Entre las principales irregularidades, sus responsables señalan que sus socios no transportistas facturan irregularmente en módulos, y que un mismo gestor de transporte esté capacitando simultáneamente a varias de estas cooperativas pese a que la normativa sectorial no lo permite.
Lamentan que las denuncias presentadas ante la Inspección de Transportes por contravenir claramente la vigente Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres no han servido para erradicar este fraude, «al contrario se ha consolidado de forma muy exitosa aprovechando las importantes ventajas fiscales que el régimen de módulos comporta», aseguran.
Querella criminal
En este escenario, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte ha decidido interponer una querella criminal ante la Fiscalía Anticorrupción contra este grupo de cooperativas y sus gestores «por la presunta comisión de diferentes delitos tributarios y de otra índole». En ella se detalla de forma pormenorizada el modus operandi de su actuación, «diseñada para tratar de evitar el control de las diferentes Administraciones y que sea más difícil detectar el fraude».
Sus responsables lamentan que se desprestigie el buen hacer de la mayoría de las cooperativas existentes, así como su carácter eminentemente social. «Contribuyen tanto a la creación de empleo estable como a su aportación a las arcas públicas ya que, a diferencia de otros modelos empresariales, no. llevan a cabo procesos de deslocalización a terceros países, al estar enraizadas en nuestro territorio», remarcan.
