Kögel reclama un marco regulatorio que permita avanzar en la reducción de emisiones sin poner en riesgo la competitividad industrial ni miles de puestos de trabajo.
La acción contó con la presencia del viceprimer ministro de Baviera, Hubert Aiwanger, quien respaldó la petición de Kögel de establecer objetivos climáticos técnicamente alcanzables. “Lo último que necesita en estos momentos el sector son nuevas exigencias derivadas de regulaciones poco realistas y excesivas”, señaló. También defendió soluciones “pragmáticas y realistas” que permitan lograr reducciones reales de CO₂ sin comprometer la viabilidad de las empresas.
VECTO
VECTO, acrónimo de Vehicle Energy Consumption Calculation Tool, es una herramienta de cálculo de la Unión Europea que asigna un valor simulado de CO₂ a los semirremolques. La base jurídica es el Reglamento (UE) 2024/1610, que obliga a los fabricantes a reducir ese valor calculado en un 10% antes de 2030.
Kögel y otros fabricantes consideran que la norma parte de un planteamiento equivocado. Los semirremolques no disponen de sistema de propulsión propio y, por tanto, no generan emisiones directas de CO₂. Además, el cálculo se basa en simulaciones y no en mediciones realizadas en condiciones reales de operación. A juicio del sector, esta metodología no refleja adecuadamente ni las limitaciones técnicas ni la realidad diaria del transporte por carretera.
Importantes sanciones
Según Kögel, los objetivos exigidos no pueden alcanzarse con la tecnología actualmente disponible. La compañía advierte de que podría enfrentarse a sanciones anuales de hasta 64 millones de euros. Para compensar esta carga económica, el precio de los semirremolques podría incrementarse hasta un 50%, con consecuencias para toda la cadena de suministro, desde las empresas transportistas hasta los consumidores finales.
El fabricante también alerta del riesgo para el empleo. Solo en Kögel, alrededor de 1.000 puestos de trabajo podrían verse amenazados. En el conjunto de la industria europea del semirremolque, las consecuencias de la actual regulación podrían afectar a unos 70.000 empleos.
Kögel recordó además que ocho fabricantes europeos de semirremolques han presentado un recurso legal contra la regulación y solicitan una revisión de sus disposiciones actuales. La acción no se dirige contra la protección del clima, sino contra unos requisitos que consideran técnicamente inviables y económicamente desproporcionados.
