La DGT acaba con una exención histórica que afecta a los transportistas: «no supondrá una mejora real de la seguridad vial»

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes 26 de junio el Real Decreto 518/2026, que introduce importantes modificaciones en el Reglamento General de Circulación y que entrarán en vigor el próximo 1 de octubre.

Entre los cambios aprobados por la DGT, el que tendrá un mayor impacto sobre el sector del transporte capilar es la eliminación definitiva de la exención del uso del cinturón de seguridad en vías urbanas para los distribuidores de mercancías.

Hasta ahora, la normativa vigente eximía a estos profesionales de la obligación de utilizar el cinturón cuando realizaban operaciones sucesivas de carga y descarga a corta distancia. Sin embargo, el Gobierno ha calificado esta histórica excepción de «injustificada» en la memoria justificativa del real decreto y ha optado por mantenerla únicamente para los vehículos de los servicios de urgencia, al considerar que la obligación de abrocharse el cinturón podría retrasar sus intervenciones.

Para FENADISMER, resulta «absolutamente desproporcionado» obligar al transportista a abrocharse y desabrocharse el cinturón de seguridad de forma continua para recorrer distancias mínimas a muy baja velocidad
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Durante toda la tramitación de la reforma, FENADISMER ha manifestado su firme rechazo a la supresión de esta exención. La Federación recuerda que, «en la práctica diaria, esta decisión dificultará notablemente las tareas de reparto urbano de paquetería, comida a domicilio o suministro de bombonas de butano, actividades en las que el vehículo apenas recorre unos metros entre una entrega y la siguiente».

Para FENADISMER, resulta «absolutamente desproporcionado» obligar al transportista a abrocharse y desabrocharse el cinturón de seguridad de forma continua para recorrer distancias mínimas a muy baja velocidad. La Federación sostiene que, en estas circunstancias, el riesgo de sufrir lesiones por no utilizar el cinturón es prácticamente inexistente. Asimismo, denuncia que la medida «no supondrá una mejora real de la seguridad vial», sino que únicamente favorecerá la imposición masiva e injustificada de miles de sanciones a un sector del reparto urbano y de última milla que ya soporta una elevada presión operativa.

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