Fenadismer pide a Fomento que defienda el requisito de los tres camiones

Va a solicitar al nuevo Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, la defensa activa de la actual regulación y ordenación del sector del transporte por carretera en España, por entender que dicha normativa ha resultado ser "absolutamente beneficiosa tanto para el propio sector como para el resto de la economía española".

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Ante el anuncio publicado en el día de ayer por parte de la Comisión Europea de su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por presunto incumplimiento de la regulación española con lo dispuesto en el Reglamento europeo 1071/2009, Fenadismer ha mostrado su disconformidad y ha querido recordar que la actual regulación española de la actividad del transporte público de mercancías por carretera ha sido muy beneficiosa para nuestro país: "ha permitido a la flota española un importante crecimiento en el ranking europeo de transporte internacional, pasando de ocupar la cuarta posición en dicho año 1999 a ocupar la segunda posición en la actualidad, superando a países como Alemania y Francia", aseguran
 
Otros casos similares en Europa
Además Fenadismer quiere llamar la atención sobre el hecho de que en otros países de la Unión Europea existen requisitos similares de exigencia de flota mínima o de otros requisitos limitativos de acceso a la actividad del transporte "sin que sorprendentemente la Comisión Europea haya abierto procedimiento infractor contra dichos Estados", señalan. Recomiendan al Gobierno de España que tenga en cuenta esta circunstancia en la defensa de la actual regulación ante el Alto Tribunal Europeo, lo que por otra parte "es una lógica consecuencia del propio Reglamento europeo 1071/2009, que faculta expresamente en su artículo 3 a los Estados miembros a imponer requisitos adicionales que las empresas han de cumplir para ejercer la profesión de transportista por carretera", recuerdan desde Fenadismer.

ASTIC y CETM también han vuelto a reiterar su apoyo a este requsito:

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  • Se estima que la tramitación del procedimiento judicial iniciado por la Comisión Europea contra el Reino de España no sea resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de 2 años.
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