Según informa FENADISMER, la compañía estaría rechazando incorporar en las facturas la variación del precio del combustible en los servicios prestados desde el inicio de la guerra de Irán, afectando tanto a los trabajos realizados en marzo como a los de abril. Esta decisión, sostienen, está obligando a los transportistas a asumir un incremento de costes difícilmente soportable en un contexto de elevada volatilidad energética, con un impacto directo en la rentabilidad del transporte de mercancías por carretera.
La federación considera que esta conducta vulnera de forma clara la normativa vigente. El Real Decreto-ley 9/2026 establece que la revisión del precio del transporte en función del gasóleo no puede ser objeto de negociación entre las partes, sino que debe aplicarse automáticamente en cada factura y reflejarse de manera desglosada. Sin embargo, según la denuncia, DIA estaría ignorando esta obligación legal, lo que podría constituir una infracción de carácter grave.
Un problema estructural
Más allá de este punto concreto, FENADISMER advierte de que la situación responde a un problema estructural en la relación entre grandes cargadores y transportistas. En el caso de DIA, la organización señala que los contratos impuestos a los proveedores incluyen condiciones especialmente restrictivas, como la imposibilidad de suspender el servicio incluso en supuestos de impago o las limitaciones al ejercicio de derechos reconocidos en la legislación sectorial, como la retención de la mercancía o su depósito judicial. A juicio de la federación, estas prácticas evidencian un posible abuso de posición dominante.
FENADISMER recuerda a DIA que el incumplimiento de la cláusula del gasóleo puede conllevar sanciones administrativas que, en caso de reincidencia, alcanzan los 18.000 euros
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En este contexto, la organización recuerda que el incumplimiento de la cláusula del gasóleo puede conllevar sanciones administrativas que, en caso de reincidencia, alcanzan los 18.000 euros. Asimismo, hace un llamamiento a los Servicios de Inspección de Transporte para que actúen de oficio ante este tipo de situaciones y refuercen el control sobre el cumplimiento de la normativa. Y anima a los profesionales afectados a denunciar cualquier incumplimiento de forma anónima a través de los canales habilitados por la federación.
FENADISMER concluye que «no tolerará que las grandes empresas de distribución sigan saneando sus cuentas de resultados a costa de la asfixia económica de los transportistas».
