La Audiencia Provincial de La Rioja se pronuncia sobre la querella de Transportes Royo contra CETM La Rioja

La justicia rechaza definitivamente la acusación por injurias y calumnias contra la patronal del transporte riojano y avala su derecho a la libertad de expresión.

La Audiencia Provincial de La Rioja ha confirmado de forma definitiva la inadmisión de la querella presentada por Transportes Royo contra CETM La Rioja, su presidente, Francisco Javier Arnedo, y su secretario general, Javier Cámara, por presuntos delitos de injurias y calumnias. La resolución es firme y no admite recurso.

La Sección 1.ª del tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la empresa transportista, ratificando así la decisión previa que ya rechazaba la querella. El fallo respalda que las manifestaciones realizadas por la patronal del transporte riojano se encuentran dentro del ámbito de la libertad de información y expresión.

Sin acusaciones falsas ni delito penal

Según el auto judicial, CETM La Rioja no realizó acusaciones falsas ni imputaciones mendaces con el objetivo de perjudicar la reputación de Transportes Royo. El tribunal concluye que no existe base para considerar que se haya cometido delito de injurias o calumnias.

La resolución también destaca que las notas de prensa analizadas estaban fundamentadas en informes oficiales, como el emitido por el Consejo Consultivo de La Rioja y la auditoría realizada por la consultora KPMG. Ambos informes señalaban posibles irregularidades en la ejecución del Centro Logístico Intermodal de La Rioja (CLIR), lo que aporta una base fáctica a las críticas realizadas por CETM La Rioja.

«Este respaldo documental ha sido clave para que la Audiencia. Provincial considere que las declaraciones de la patronal no exceden los límites legales del derecho a la información», destacan desde la organización.

Ayudas públicas bajo revisión europea

El contexto del conflicto se sitúa en la concesión de 3,65 millones de euros a Transportes Royo para el desarrollo del. CLIR, una operación que ha sido objeto de controversia en el sector. Además, recientemente, la Comisión Europea, a través de su Dirección General de. Competencia, ha señalado que dichas ayudas podrían incurrir en irregularidades, sin descartar la posibilidad de exigir su devolución.

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