La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) ha valorado positivamente la reacción del Ministerio de Hacienda ante el conocido como “pelotazo” de las petroleras por el impuesto de carburantes ilegal. La actuación llega tras las denuncias realizadas por la organización de transportistas en los últimos meses.
En concreto, la Abogacía del Estado ha presentado un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a devolver más de 150 millones de euros a una petrolera por el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos correspondiente al periodo 2013-2018, declarado ilegal por la justicia europea.
Hacienda intenta frenar devoluciones millonarias a las petroleras
Esta decisión judicial era especialmente relevante porque abría la puerta a que Hacienda tuviera que devolver más de 5.000 millones de euros a las principales compañías petroleras, pese a que el impuesto fue soportado por los consumidores finales y los transportistas.
Desde FENADISMER consideran que este movimiento del Ejecutivo supone una rectificación necesaria tras la “actitud pasiva” que la Federación denunció el pasado mes de febrero. Entonces, la organización mostró su “estupor” ante la resolución del Tribunal Supremo del 21 de enero. Según explican, dicha sentencia permitía a las petroleras recuperar un dinero que “nunca salió de sus bolsillos”, generando un posible enriquecimiento injusto a costa de las arcas públicas.
El Supremo deberá decidir sobre la nulidad de la sentencia
Para FENADISMER, el intento de la Abogacía del Estado de anular la sentencia demuestra que la Administración ha tomado conciencia del impacto económico y social de estas devoluciones millonarias. El Tribunal Supremo había reprochado previamente a Hacienda no haber acreditado que las petroleras repercutieron el impuesto a los consumidores, una omisión que dejaba en situación de indefensión a transportistas y particulares.
“Es de justicia que el Estado defienda los intereses de quienes realmente soportaron el gravamen: los profesionales del transporte y los consumidores finales”, señalan desde la Federación. Además, advierten de que no se puede permitir que las compañías energéticas “cobren por duplicado: primero a sus clientes en el surtidor y ahora al Estado mediante devoluciones”.
FENADISMER pide cautela y defiende a los transportistas
Aunque la Federación considera esta actuación como un paso en la dirección correcta, insiste en mantener la cautela. El proceso entra ahora en una fase clave en la que el Tribunal Supremo deberá decidir si acepta los argumentos de la Abogacía del Estado. La resolución será determinante para aclarar si las devoluciones deben ir a las petroleras o a quienes realmente pagaron el impuesto.
FENADISMER ha reiterado que seguirá vigilante para garantizar que cualquier devolución derivada de la ilegalidad del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos llegue a los transportistas, principales perjudicados por este sobrecoste durante seis años.
