Según la patronal, esta interpretación contradice lo dispuesto en el Reglamento (CE) 561/2006 sobre tiempos de conducción y descanso, que permite expresamente realizar los descansos durante el transporte en transbordador o tren, siempre que el conductor disponga de cabina para dormir, cama o litera.
«Es un despropósito no considerar como de descanso el tiempo de travesía marítima, no solo porque así está previsto en la normativa europea, sino porque durante la misma el conductor puede disponer libremente de su tiempo y puede realizar su descanso en condiciones óptimas»
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La polémica surge tras una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que, aplicando la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en 2024, considera la travesía en ferry como tiempo de presencia. Esta interpretación implica que el conductor no podría computar ese periodo como descanso efectivo, lo que le obligaría a iniciar el descanso una vez llegado a destino.
Impacto en costes, competitividad y cadena de suministro
La CETM considera que esta interpretación tendrá consecuencias directas en el sector del transporte de mercancías por carretera: incremento significativo de los costes laborales, reducción de la flexibilidad operativa en los servicios con destino o salida desde las islas, y necesidad de asignar más recursos para cubrir los mismos trayectos. Además anticipa que se producirá un encarecimiento del transporte y, por tanto, de las mercancías.
Por último, la patronal advierte de que esta medida afectará negativamente a la conciliación de la vida personal y laboral de los conductores, al alargar la duración efectiva de sus servicios.
La CETM alerta de que, si se mantiene esta interpretación judicial, podría agravarse aún más el problema estructural de escasez de conductores profesionales que ya afecta al sector en España
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Petición de diálogo con la Administración
Ante esta situación, la CETM reitera su compromiso con la legalidad y con la mejora de las condiciones laborales del colectivo, pero considera imprescindible abrir un espacio de diálogo con las administraciones competentes. El objetivo, señalan, debe ser compatibilizar la protección de los trabajadores con la viabilidad económica de las empresas, el normal funcionamiento de la cadena de suministro y la competitividad del transporte español.
