Según informa Fenadismer, el carpetazo a los peajes quedará plasmado en el proyecto de Real Decreto que transpondrá a la normativa española la nueva Directiva europea aprobada en 2022 sobre la aplicación de gravámenes a los vehículos de transporte por la utilización de las infraestructuras viarias, coloquialmente denominada “euroviñeta”.
El proyecto de Real Decreto, que será sido sometido a consulta pública en próximos días, establecerá expresamente la no aplicación de peajes por la circulación en las autovías y resto de carreteras que forman parte de la Red General del Estado, con la excepción lógicamente de las autopistas privadas sometidas a régimen concesional.
En este sentido, el nuevo Real Decreto establecerá los criterios de fijación del peaje máximo a cobrar por las concesionarias privadas de autopistas. Para calcularlo se deberán tener en cuenta como novedad las emisiones de los vehículos, aunque el Ministerio de Transportes se ha comprometido a que este criterio sólo se aplique en las autopistas propiedad del Estado a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte. Se trata de las autopistas rescatadas como consecuencia de la quiebra de las empresas explotadoras, y que en la actualidad lo conforman las siguientes: radiales R2, R3, R4, R5, autopistas M12, AP-41 y AP-36, y tramos de la autopista AP-7 en la Circunvalación Alicante y AP-7 en Cartagena-Vera.
Peajes: Cambio de criterio
Desde la Federación recuerdan que el pasado año el Gobierno decidió rectificar su anterior criterio favorable a la imposición de peajes en las actuales vías libres de pago. A su juicio, resultó fundamental el rechazo expresado por las asociaciones de transportistas y el resto del sistema económico español, “pese a la fuerte presión ejercida por las empresas constructoras, ávidas de incrementar su cartera de actividad a costa del bolsillo de los conductores tanto particulares como profesionales”.
El transporte ya contribuye al mantenimiento de las infraestructuras
En este sentido Fenadismer recuerda que el sector del transporte por carretera, con la actual fiscalidad que soporta (más de 21.000 millones de euros anuales), ya contribuye suficientemente al mantenimiento de las infraestructuras españolas. Además considera que el establecimiento de nuevos peajes perjudicaría a la actual recuperación de la actividad económica en España tras la pandemia por el covid y la coyuntura internacional.
