El Gobierno continúa avanzando hacia la implantación de peajes

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, sigue insistiendo en que no es el momento para implantar el pago por uso en las carreteras españolas, pero la Dirección General de Carreteras ya ha encargado la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación a la consultora pública Ineco, tal y como ha informado Europa Press.

El coste de estos servicios ascenderá a 1,4 millones de euros y el plazo establecido será de 10 meses. Ineco ya ha contratado los servicios de KPMG Abogados por 89.000 euros para realizar el servicio de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras, como parte de este contrato.
 
Estos informes serán determinantes para decidir si se adopta un sistema de viñetas (pago de una cantidad fija para poder circular) o de peajes, que dependerá de la distancia que se recorre en cada momento.

[Pistas sobre el futuro de las bonificaciones a los combustibles y los peajes]
 
En 2024
El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió con Bruselas a cobrar por el uso de las carreteras españolas a cambio de recibir los fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros, pero la coyuntura actual y la proximidad de las Elecciones Generales han llevado a aplazar este proyecto hasta 2024. Será una de las primeras ‘patata caliente’ que tendrá que afrontar el nuevo Ejecutivo que salga de las urnas.
 
Afectará a los usuarios con menos poder adquisitivo
Ante la reanudación de estos planes, Facua-Consumidores en Acción ha emitido un comunicado en el que critica que el Gobierno siga adelante con el plan de implantar un nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país, ya que consideran que se trata de una medida que terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo.
A su parecer, el dinero para la financiación de las carreteras estatales debe proceder de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que el dinero necesario para su mantenimiento salga de los impuestos directos de los ciudadanos. De esta forma, cada ciudadano aportará según su poder adquisitivo, al contrario del modelo que busca implantar el Gobierno, que supone "un pago por igual a todos los usuarios", sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica.

  • El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió con Bruselas a cobrar por el uso de las carreteras españolas a cambio de recibir fondos europeos.
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