“Imponen condiciones abusivas a sus proveedores con absoluta impunidad hasta ahora, basando de este modo su rentabilidad no en su actividad productiva, sino en la actividad financiera que generan a costa de los autónomos y pymes que trabajan para estos grandes grupos empresariales”, denuncian desde la Federación.
La vida sigue igual
El pasado mes de octubre se aprobó por Ley un nuevo régimen sancionador para poner fin a dicha lacra que tanto perjudica al normal desarrollo de la actividad económica y a la propia supervivencia de los autónomos y empresas de transporte afectadas, sancionando los incumplimientos en materia de plazos de pago en el sector del transporte de mercancías por carretera con multas de hasta 6.000 euros, que podrán alcanzar los 30.000 euros para aquellas situaciones reincidentes más abusivas.
Si bien Fenadismer ha constatado en estos últimos meses una leve mejoría en los plazos de pago en relación a la situación existente a principios de 2021, sin embargo, la situación de incumplimiento sigue siendo generalizada, como lo demuestra el hecho de que en el pasado mes de Enero un 65% de los clientes de los transportistas abonaban sus facturas incumpliendo sistemáticamente los plazos máximos legales, con el agravante de que un 37% de los incumplidores lo hicieron a más de 90 días e incluso un 25% a más de 120 días, esto es, a 6 meses.
[Madrid ya persigue la morosidad en el transporte]
Más control
Por ello, Fenadismer va a instar formalmente a los Servicios de Inspección de Transporte, tanto del Ministerio de Transportes como de las Comunidades Autónomas, para que promuevan de oficio un Plan específico de lucha contra la morosidad con una campaña masiva de control y sanciones a empresas cargadoras, operadores logísticos e intermediarios sobre sus plazos de pago, a fin de erradicar las situaciones de abuso e incumplimiento reiterado que en la actualidad se producen.
