Según ambas organizaciones, esta norma es “una trasposición incompleta” de la Directiva 2014/47/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Enero. Consideran que se han omitido apartados “fundamentales” de la misma en lo que respecta a la sujeción de la carga. “Con ello se desnaturaliza su regulación que es de carácter mayormente facultativo, no vinculante y, sin embargo, el Real Decreto presenta una apariencia de obligatoriedad de normas que no responde ni al texto, ni al espíritu de la Directiva”, afirman.
La Guía europea de mejores prácticas, ignorada
Además aseguran que se han obviado varios criterios expuestos en la Guía europea de mejores prácticas, publicada por la Comisión Europea para la difusión de la Directiva, “apareciendo en su lugar, todo tipo de guiones de origen desconocido con interpretaciones extrañas de la Directiva, con los que incluso se ha pretendido formar a los agentes que han de velar por el cumplimiento de la norma”, denuncian.
ASFARES y CNTC aseguran que existe una “enorme inseguridad en todos los sectores afectados por este Real Decreto”, que alcanza a cuestiones íntimamente relacionadas con los vehículos, afectando a las responsabilidades civiles, administrativas e, incluso penales. Además advierten de que existe una contradicción con leyes en vigor, tal como la Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías.
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Consideran necesario suplir las deficiencias de la trasposición, tomando como referencia imprescindible la Guía europea de mejores prácticas.
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