Competencia considera acreditado que durante más de 15 años estas empresas articularon su conducta anticompetitiva a través del “acuerdo de las mudanzas” y le ha impuesto una sanción que alcanza los 4,09 millones de euros en total.
Las empresas participantes en el “acuerdo de las mudanzas” acordaron fijar el precio al que se debía realizar un traslado o mudanza, o el precio mínimo por encima del cual se debían presentar los llamados presupuestos de acompañamiento o de apoyo.
Con esta forma de actuar el cártel incrementó los precios de los servicios prestados a la Administración. Llegaron a aplicar un margen consensuado de hasta 12.000 euros de beneficio neto por operación en algunos casos, y, en general, porcentajes elevados de beneficio incluso de más de la mitad del precio presupuestado. Todos estos sobrecostes afectaron a los precios finales que pagó la Administración Pública.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pero las empresas pueden interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Transporte 3 Brands
Popular