El Parlamento Europeo ha dado un paso hacia una descarbonización más flexible del transporte por carretera. Las comisiones de Medio Ambiente y Transporte han respaldado modificaciones en las propuestas que regulan las emisiones de CO₂ de turismos y furgonetas y la incorporación de vehículos limpios a las flotas empresariales. La Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) ha celebrado las decisiones adoptadas el 4 de noviembre.
Uno de los principales cambios es la propuesta de sustituir los objetivos obligatorios de compra de vehículos limpios para las flotas empresariales en 2030 y 2035 por objetivos orientativos, otorgando mayor flexibilidad a los Estados miembros.
IRU también destaca que se ha eliminado una referencia a la posible introducción de cuotas de compra para camiones, autobuses y autocares en 2027. Los vehículos pesados ya estaban excluidos del ámbito de aplicación de la propuesta inicial. «Las obligaciones de compra no generan demanda cuando no se dan las condiciones necesarias para invertir», ha señalado Raluca Marian, delegada general de IRU ante la Unión Europea.
Objetivos de CO₂ menos exigentes para las furgonetas
La Comisión de Medio Ambiente ha respaldado reducir las emisiones de CO₂ de las furgonetas nuevas un 80% para 2035, frente al 90% propuesto por la Comisión Europea y el 100% establecido en la normativa vigente. Para 2030, el objetivo planteado baja al 35%, frente al 50% actual.
Otra novedad importante es el reconocimiento de determinados vehículos que funcionan exclusivamente con combustibles renovables y bajos en carbono dentro de la definición de vehículos de cero emisiones, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la normativa europea. «El objetivo debe ser reducir las emisiones, no imponer una única vía tecnológica», ha defendido Marian.
La infraestructura de recarga, una cuestión pendiente
Las comisiones también han reconocido la importancia de desarrollar infraestructuras de recarga y repostaje en las bases de transporte y las rutas comerciales, una cuestión vinculada a la próxima revisión del Reglamento sobre la Infraestructura para los Combustibles Alternativos (AFIR).
IRU considera que las instituciones europeas deben facilitar las inversiones necesarias para avanzar en la descarbonización, en lugar de imponer nuevas obligaciones a las empresas de transporte.
No es definitivo
Las propuestas todavía deben superar la votación del pleno del Parlamento Europeo, prevista para diciembre, y las posteriores negociaciones con el Consejo de la Unión Europea.
IRU confía en que este enfoque más flexible también se tenga en cuenta en la revisión de las normas de emisiones de CO₂ para vehículos pesados, prevista para 2027.
