Esta modificación del impuesto afectará en mayor medida a los vehículos diésel, ya que hasta ahora los impuestos solo incluían las emisiones de CO2, pero ahora se pretende gravar también las emisiones de NO2 y partículas en suspensión. Se trata, según ha indicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, de un impuesto de carácter «proporcional para evitar el efecto salto» que podría ponerse en marcha «en unos meses».
En este sentido, ha explicado que se trata de un gravamen cuya finalidad «es medioambiental y no recaudatoria, pero tendrá efectos recaudatorios». «Añadir esos componentes al impuesto no va a reducir la recaudación de los Ayuntamientos», ha aseverado, al tiempo que ha agregado que, sin embargo no está previsto que el destino de este monto se destine a una finalidad medioambiental, sino que cada administración municipal lo dirigirá a lo que estime oportuno.
Las asociaciones de fabricantes (Anfac) y de vendedores (Ganvam) de automóviles han consideran poco acertada la iniciativa del Gobierno,y aseguran que una medida más eficaz para reducir la contaminación sería poner en marcha un plan de rejuvenecimiento del parque de vehículos.
Fuentes de Anfac resaltaron que la intención del Gobierno de aumentar el gravamen fiscal a los vehículos y, especialmente a los diésel, «no va en línea con lo que el sector necesita», puesto que, en su opinión, aumentar la presión fiscal a los conductores en estos momentos de crisis es un error.
