Entre los logros más destacados se encuentra la creación de un Plan Estatal para el despliegue de puntos de recarga de vehículos eléctricos en municipios de menos de 30.000 habitantes y zonas rurales, con el objetivo de impulsar la electrificación del transporte en áreas donde la dependencia del coche de combustión es mayor. Las entidades consideran esta medida “muy oportuna y eficaz para avanzar en la descarbonización del transporte por carretera en el medio rural”.
Asimismo, se aprobó una estrategia de financiación del transporte público, que deberá elaborarse en seis meses y presentarse a la Conferencia Sectorial de Transportes. La medida busca garantizar un esquema estable y a largo plazo que permita una transición efectiva hacia modos de movilidad sostenibles, algo que las disposiciones iniciales de la LMS no cubrían completamente.
Otro avance relevante es la modificación de la disposición sobre transporte ferroviario, incluyendo ahora el análisis de la viabilidad de servicios nocturnos de largo recorrido entre ciudades españolas, en paralelo con los estudios de conexión internacional. Esta medida abre la puerta a trenes nocturnos que conecten ejes Norte-Sur y Este-Oeste dentro del país, mejorando la oferta ferroviaria y reduciendo la dependencia del transporte aéreo y por carretera.
Las entidades aplauden que no hayan sido aprobadas la mayoría de las enmiendas «que implicaban un retraso en la descarbonización del sector movilidad-transporte y un apoyo a combustibles fósiles», así como la enmienda «intrusa» sobre prolongación de la vida de centrales nucleares
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Las entidades también celebran que se mantuvieran otros compromisos, como:
La meta de alcanzar neutralidad climática del transporte en 2050, con objetivos intermedios de reducción de emisiones para 2030 y 2040.
La obligación de que empresas con más de 200 empleados implementen planes de movilidad sostenible al trabajo.
La eliminación de vuelos domésticos cuando existe alternativa ferroviaria de hasta 2,5 horas.
No obstante, lamentan que el PP haya conseguido la supresión de la disposición para revisar las etiquetas medioambientales de la DGT, que debía incluir las emisiones de CO₂ de los vehículos, aunque confían en que el Gobierno cumpla con su compromiso de actualizar estas etiquetas.
“La Ley de Movilidad Sostenible es un paso adelante en la descarbonización del transporte, y contiene medidas con capacidad real para mejorar la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida. Seguiremos trabajando para que estos avances se conviertan en realidades concretas”, afirmaron los representantes de las organizaciones.
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*Las quince entidades de la sociedad civil que celebran los avances en la Ley de Movilidad Sostenible son Alianza por el Clima, AMBE (Asociación de Marcas y Bicicletas de España), CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios), CCOO (Comisiones Obreras), ConBici, el Consejo de la Juventud de España, ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo), Ecologistas en Acción, Eco‑Unión, Greenpeace España, Fundación Renovables, PTP (Promoción del Transporte Público), Transport & Environment España, UGT (Unión General de Trabajadores) y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
