La organización empresarial CETM-Madrid, que representa al sector en la Comunidad madrileña, ha mostrado una “satisfacción prudente y moderada ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha anulado Madrid Central por ‘defectos formales’”.
Además, la organización empresarial ha mantenido, el pasado miércoles 29 de julio, una reunión con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, junto con otras organizaciones de la Plataforma Madrid Sostenible. Durante el encuentro, los representantes de los transportistas trasladaron al delegado la necesidad de llevar a cabo “una revisión profunda y total de la regulación de la zona de bajas emisiones del Distrito Centro, una vez constatado el fracaso de Madrid Central”.
Un proyecto improvisado
La sentencia del máximo órgano judicial de la Comunidad de Madrid constata, en opinión de la patronal, que “el proyecto de Madrid Central se aprobó de manera improvisada, precipitada, con claros tintes electorales, sin el consenso de los sectores afectados, y sin los necesarios estudios de impacto económico, que sólo para el sector del transporte suponía un coste de 1.300 millones de euros por la exigencia de renovar el 80% de la flota”.
Además, el fallo judicial determina la anulación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 5 de octubre 2018 por "la omisión del trámite de información pública", como “requisito esencial, preceptivo e indispensable reconocido en la Carta Magna", por lo que deja sin efectos los artículos del 21 al 25, que regulan la creación y funcionamiento de Madrid Central.
A juicio de los representantes del Consistorio madrileño también presentes en la reunión, los argumentos de las sentencias son sólidos y concluyentes, lo que dificulta la posibilidad que prosperen posibles recursos, si bien la regulación de Madrid Central no dejará de tener efectos hasta que no sean firmes las sentencias.
Para el sector, resulta difícil de comprender que un proyecto que inicialmente buscaba restringir el tránsito de vehículos particulares (al contar con una alternativa de transporte público), haya hecho extensiva esta restricción de acceso al transporte de mercancías, que no cuenta con una alternativa posible, y sin considerar que se trata de un servicio esencial para la ciudadanía.
Inversiones no asumibles
Finalmente, CETM-Madrid ha recordado a los responsables del Ayuntamiento que sigue pendiente la modificación del calendario de renovación de flotas y el plan de ayudas anunciado, algo que considera “absolutamente prioritario”, ya que “ante las situaciones actuales generadas por la crisis del coronovarius, las empresas y los autónomos no pueden asumir las inversiones que establece el calendario de acceso a la zona centro a los vehículos DUM”.
