A finales del mes pasado, el Comité Nacional de Transporte por Carretera acordó dar un ultimátum al Gobierno con el objetivo de negociar un paquete de medidas para el sector ante la grave situación económica que viene atravesando, agravada aún más por la crisis sanitaria. De esta manera, los transportistas acordaron convocar un paro nacional para los próximos días 27 y 28 de julio, seguido de un paro de mayor duración a realizarse durante el mes de septiembre.
En este contexto, las asociaciones representativas del sector han venido manteniendo intensas reuniones con los responsables del Ministerio de Transportes durante las últimas semanas intentando alcanzar un acuerdo, durante las cuales se produjeron algunos avances en las reivindicaciones inicialmente planteadas por el sector. Así, además de las medidas de carácter coyuntural que se aprobaron a principios de julio por Decreto Ley (moratorias para los leasing y renting de los camiones y autobuses, ampliación de la prórroga de las ITV caducadas en los meses de junio, julio y agosto, así como la ampliación de un año para realizar el visado de las autorizaciones de transporte), en los últimos encuentros se han logrado acuerdos en torno a otras medidas de carácter estructural para la ordenación de la actividad del sector. Asimismo, el Ministerio de Transportes se ha comprometido por escrito a no poner en marcha otras medidas anunciadas por el Gobierno, que contaban con el rechazo casi unánime de los transportistas.
Las ofertas del gobierno
Tal como informa FENADISMER, tras la última reunión celebrada el pasado día miércoles 22 de julio, el Ministerio de Transportes ha entregado a las asociaciones un Documento de Compromisos en el que, entre otras, recoge las siguientes medidas:
Compromiso de no establecimiento, sin el consenso del sector, de ningún peaje en las autovías estatales como vienen reclamando las empresas constructoras españolas para financiar la construcción de más carreteras.
Compromiso de no aprobación del aumento del tonelaje máximo de los camiones a 44 toneladas ni la altura máxima a 4.5 metros como vienen solicitando reiteradamente las empresas cargadoras, ya que ello supondría sobredimensionar más aún la actual flota de transporte en un contexto de recesión económica.
Tramitación por vía de urgencia por ley de un régimen sancionador por el que se podrá multar a los cargadores o intermediarios que incumplan la ley de morosidad (es decir, que paguen a más de 60 días a los transportistas) con multas de hasta 3.000 euros por cada incumplimiento.
Clarificar el marco normativo de regulación de la actividad de la carga y descarga de las mercancías por parte de los conductores profesionales desde el punto de vista mercantil y laboral, para evitar los riesgos sanitarios que actualmente están corriendo los transportistas, así como los problemas asociados con los tiempos de espera, las responsabilidades asumidas y otros riesgos laborales.
Agilización del procedimiento de devolución de las reclamaciones por el céntimo sanitario (declarado ilegal en su día), habilitando al efecto un crédito de 200 millones para atender a los pagos por parte del Ministerio de Hacienda antes de la finalización de este año.
Analizar la posibilidad de establecer el mecanismo de devolución del impuesto derivado del gasóleo profesional a los transportistas con carácter mensual, no trimestral como hasta ahora, para dotarles de mayor liquidez.
Mantenimiento de las ayudas anuales que el Ministerio de Transportes concede a los transportistas de mayor edad o en situación de incapacidad legal, así como las ayudas a la formación para la impartición de las acciones formativas exigidas para el ejercicio de la actividad profesional.
Diseño de un Plan de Impulso a la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera para el período 2021-2023, que incluirá medidas que permitan un reforzamiento del sector y su sostenibilidad económica, social y medioambiental.
