Entre la histórica batería de propuestas de la PMcM se encuentran las medidas citadas por Rajoy. En primer lugar, la ampliación del plan de pago a proveedores para los que quedaron fuera, dotado de 2.700 millones de euros para liquidar la deuda pendiente de antes de 2011. Seguidamente, trasponer la Directiva Europea con determinadas variaciones más restrictivas para asegurar su éxito, como la fijación de un plazo de pago máximo de 30 días (ampliable a 60), y el incremento del tipo de interés de demora. Y, por último, que pymes y autónomos no tengan que adelantar el IVA de facturas no cobradas (aunque con una limitación: solo se beneficiarán los que tienen un volumen de negocio de menos de dos millones de euros al año).
Al respecto, la PMcM recomienda que esta medida “se amplíe a todas las empresas independientemente de lo que facturen o, como mínimo, que se acote su calendario de aplicación. Si el escollo hasta ahora eran los problemas técnicos, no se explica que la medida se dirija solo a unos pocos y deje fuera al resto”. Si no se incluyeran a todas las empresas sin excepción, entonces “sería necesario implementar una de nuestras últimas propuestas que consiste en aplicar el principio de inversión del sujeto pasivo en la liquidación del IVA, para que sea el deudor moroso quien lo adelante”, añade.
Asimismo, Antoni Cañete, presidente de la PMcM, ha pedido al Gobierno que estudie la medida que evitaría el “fraude de ley” que permite a los contratistas de obra pública realizar legalmente pagos a sus subcontratistas y proveedores en plazos que superan los 250 días, amparándose en el apartado 5 del Artículo 228 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Por ello, solicita que los plazos de pago de los contratistas de la Administración con subcontratistas o suministradores, no puedan ser, bajo ninguna circunstancia, superiores a los establecidos en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre después de las modificaciones introducidas por la Ley 15/2010 de 5 de julio (a partir de 2013 como máximo de 60 días).
Asimismo, la PMcM propone establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros; la creación del Observatorio de la Morosidad, que permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos; e implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia.
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