Desde CONETRANS explican que apoyan el objetivo de avanzar en la digitalización del transporte y reconocen la necesidad de adaptar los procedimientos administrativos a las nuevas tecnologías, pero consideran que la entrada en vigor de esta nueva obligación debe aplicarse de forma progresiva y reclaman un periodo efectivo de adaptación que permitiera a las empresas familiarizarse con el nuevo sistema, corregir errores y resolver las numerosas dudas que todavía existen.
«No parece razonable que el primer contacto de muchas empresas con una nueva obligación sea una sanción»
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Dudas y precipitación
A día de hoy, continúan planteándose dudas sobre su aplicación práctica y sobre la responsabilidad que corresponde a cada una de las partes que intervienen en el transporte, tal y como ha denunciado la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).
Además, la propia plataforma del Ministerio de Transportes para la gestión del DeCA no comenzó a funcionar hasta el 1 de octubre, apenas cuatro días antes de que su uso fuera obligatorio. Hasta entonces, las empresas no dispusieron de la herramienta gratuita que el propio Ministerio había comprometido para poder probar el sistema y adaptarse a la nueva obligación de forma paulatina. «No nos parece razonable que quien ha necesitado hasta el último momento para poner en marcha la herramienta exija ahora a los transportistas una adaptación inmediata y sin margen para el error, con sanciones incluidas», denuncian.
Un criterio «razonable y proporcionado»
CONETRANS critica que desde el primer día se esté utilizando el régimen sancionador ante incidencias derivadas de una adaptación tecnológica y operativa de esta magnitud. «El objetivo de la digitalización es simplificar y modernizar el transporte, y no añadir incertidumbre o costes a las empresas», apuntan.
La organización reclama a la Administración que adopte un criterio «razonable y proporcionado» durante las primeras semanas de aplicación, priorizando la información, la asistencia y la corrección de las incidencias frente a una política sancionadora automática. «Las empresas de transporte necesitan seguridad jurídica para adaptar sus sistemas y procedimientos, no encontrarse con una sanción ante el primer error en una obligación que acaba de cambiar de forma sustancial», señalan.
«Cumplir, sí; sancionar desde el primer día sin tener en cuenta las dificultades de la implantación, no»
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«Digitalizar el documento de control es un paso necesario y el transporte está dispuesto a hacerlo. Lo que no parece razonable es que el primer contacto de muchas empresas con una nueva obligación sea una sanción. Cuando se introduce un cambio que afecta a la forma de trabajar de tantas empresas, lo lógico es acompañar su implantación, resolver las dudas y dar margen para corregir los errores propios de cualquier proceso de adaptación. Cumplir, sí; sancionar desde el primer día sin tener en cuenta las dificultades de la implantación, no», concluye Javier Arnedo, presidente de CONETRANS.
