La máxima responsable de la Seguridad Social ha explicado que se sigue avanzando en la reforma, que verá la luz en las «próximas semanas», según declaró a los medios tras mantener un encuentro en la sede de su Ministerio con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria de Derechos Sociales, Empleo de Calidad y Capacitación, Roxana Mînzatu.coeficientes reductores
Elma Saiz ha insistido en que se están completando «todos los trámites» para que la normativa vea la luz con la «mayor brevedad»
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Después de anunciar a comienzos de año que la nueva regulación sobre coeficientes reductores estaría en vigor en febrero, Elma Saiz vuelve a mostrarse optimista. Sin embargo, entre los sindicatos más representativos del sector crece la impaciencia. Hace tan solo unos días, el sector de Carretera y Logística de CCOO manifestaba su hartazgo «ante la inacción del Ministerio de Seguridad Social», y recordaba que los meses pasan sin avances: «Ya ha terminado abril y el reglamento no ha salido. Mintieron».
«Esta situación nos genera una total desconfianza y dudamos que verdaderamente exista voluntad política por parte del Gobierno de cumplir sus leyes y acuerdos», subrayan. A su juicio, se repite el escenario previo a la convocatoria de huelga: «Hay un bloqueo sistémico al acceso de la jubilación anticipada de las personas conductoras profesionales», afirmaron desde la organización que lidera Unai Sordo.
A la espera
Conviene recordar que, en enero, UGT cambió de postura y se negó a firmar la solicitud para iniciar el expediente de aplicación de los coeficientes reductores al colectivo de conductores profesionales, hasta que se publique el nuevo Real Decreto sobre esta materia. Teóricamente, una vez se apruebe, el sindicato retomará el impulso a la jubilación anticipada para este colectivo.
Por su parte, la CETM fue muy crítica con la postura adoptada por UGT, al considerar que impidió avanzar en los acuerdos que permitieron desconvocar la huelga planteada por los sindicatos. Además, lamentó la oportunidad perdida para pactar la obligatoriedad de los reconocimientos médicos a los conductores, así como para establecer un mecanismo de prevención y control del consumo de alcohol y drogas en el transporte de mercancías por carretera.
