Fenadismer denunció la puesta en marcha de este servicio de transporte de mercancías ante los Servicios de Inspección de Transporte Terrestre. A su juicio, esta práctica suponía «intrusismo y competencia desleal» al sector del transporte público de mercancías, lo que conllevó la imposición de las correspondientes sanciones por incumplimiento grave de la vigente Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Cuatro años después, el Tribunal Supremo ha fallado en favor de Cabify. Considera que “no existe en la normativa reguladora de los transportes terrestres una prohibición expresa de que los vehículos amparados en una autorización de transporte de viajeros transporten objetos o mercancías aun en ausencia de viajero, por lo que, partiendo de la constatación de que no existe la prohibición que alega la Administración recurrente, debe concluirse que aquella opción resulta viable”. Además señala que dicha Administración “no ha ofrecido ninguna razón o argumento que sirva de respaldo a una restricción como la que viene propugnando, que no resulta adecuada ni razonable, por lo que debe ser considerada contraria al derecho a la libertad de empresa recogida en el artículo 38 de la Constitución”.
«Una desregulación absoluta del sector del transporte ligero»
Fenadismer ha anunciado que respeta el contenido de la sentencia, pero no la comparte porque supone «una desregulación absoluta del sector del transporte ligero permitiendo que taxis y VTCs puedan transportar libremente todo tipo de mercancías en sus coches. Contribuye a su desordenación y a cronificar su intrusismo, precarizando la actividad profesional en este segmento del transporte». Por ello, a fin de corregir el impacto de este “torpedo” para el sector, la Federación va a instar al Ministerio de Transportes que se promuevan modificaciones legales para impedir el desarrollo de estas actividades «alegales y que atentan de forma tan grave a la competencia leal en el transporte».
En este sentido, hay que recordar que en 2021 la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados instó al Gobierno a elaborar en el plazo de un año un informe sobre la situación en el segmento de transporte de mercancías en los vehículos de menor tonelaje con vistas a aprobar una regulación legal en dicho ámbito, el cual aún sigue pendiente de su elaboración.
