Grupo Arnedo siempre ha defendido como solución al problema de seguridad vial que existía en La Rioja que se produzca la eternamente postergada gratuidad con la liberalización de la AP-68, o el desdoblamiento completo de la N-232 y N-124, “que deben ser autovías, sin coste ni para los transportistas ni para el resto de usuarios, como tienen todas las demás Comunidades Autónomas”, aseguran.
Más inversión en infraestructuras
“La Rioja necesita inversión urgente en infraestructuras si no quiere quedarse atrás en el desarrollo global del Estado, que es lo que está ocurriendo en las últimas décadas sin que las administraciones públicas hagan nada para impedirlo”, lamentan.
“Una Comunidad Autónoma que, como La Rioja, carezca de vías rápidas gratuitas está abocada lentamente a la despoblación y al fracaso”, anticipan. El descenso de habitantes en la última década ha alcanzado un 7,98%. Esto supone una pérdida de población mayor a la de todo su entorno, incluso mayor a la de la provincia de Soria (6,3%), Burgos (4,4%) y Zaragoza (0,05%) y muy lejos del País Vasco y Navarra donde el número de habitantes ha aumentado en la última década.
Los últimos informes económicos, por ejemplo el de BBVA, apuntan que durante el 2018, y por segundo año consecutivo, la región registró un crecimiento económico por debajo del promedio nacional, y que las tasas previstas son unas de las más bajas del conjunto de las Comunidades Autónomas. “¿Qué nueva empresa o multinacional querrá instalarse en una región mal comunicada, que con medidas restrictivas de la circulación del transporte de mercancías por carretera aísla todavía más al mundo rural?”, se preguntan desde la compañía riojana.
Reclamará daños y perjuicios por la obligación de circular por la AP-68
Grupo Logístico Arnedo prepara ahora una reclamación por los daños y perjuicios que ha sufrido durante los últimos dos años, ocasionados por la Resolución que determina el desvío obligatorio a la AP-68, y de la que ahora la Justicia ha dicho que carece de justificación, no pudiendo impedirse de esta forma la libre circulación de vehículos, según el Alto Tribunal.
Esta reclamación económica podría superar los dos millones de euros, al incluir los gastos de peajes, el coste de los kilómetros “extra” realizados por los rodeos obligados y las pérdidas de tiempo producidas al conducir estos kilómetros de más de toda su flota, ya que la normativa que regulaba este desvío de camiones no permitía que estos vehículos abandonaran la autopista por la salida anterior más próxima al destino en el sentido de la marcha, o se incorporaran a la AP-68 por la entrada más próxima en el sentido de la marcha, incrementando inútilmente los trayectos recorridos por los vehículos afectados por este desvío, solamente podían salir de la AP-68 para cargar o descargar mercancías.
