Los transportistas podrían recibir más de 2.500 millones de euros

El despacho CCS Abogados, liderado por el exministro de Justicia Francisco Caamaño, defenderá a los transportistas afectados por el fraude del cártel europeo de camiones condenado por la Comisión Europea por pactar sobreprecios de venta durante catorce años.

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"Ante la masiva reclamación de información y asesoramiento por parte de nuestros asociados, nos hemos reunido con más de 18 despachos de abogados y otros cinco internacionales vinculados a fondos de inversión, con el objetivo de proporcionar a nuestros socios una defensa jurídica de calidad y un precio adecuado”, ha explicado Ovidio de la Roza, Presidente de la CETM en rueda de prensa.
 
360.000 camiones adquiridos en España
Según las estimaciones de CETM, son más de 150.000 los  transportistas españoles que adquirieron vehículos y que pueden ya iniciar la demanda para que se les compense por el sobreprecio que pagaron a causa del pacto ilícito de los fabricantes.
Las reclamaciones españolas podrían alcanzar más de 2.500 millones de euros solo por el sobreprecio, sin sumar los intereses de demora derivados, que podrían elevar estas cantidades.
 
La Confederación de transportistas estima que el número de adquisiciones de vehículos afectados por dichas prácticas restrictivas de la competencia se sitúa en alrededor de 10 millones de camiones en toda la Unión Europea, de los que aproximadamente 360.000 corresponden a camiones adquiridos en España.
 
¿Y yo puedo reclamar?
A esta demanda puede adherirse también cualquier autónomo o sociedad que comprara un vehículo de transporte de mercancías de carga superior a 6 toneladas de cualquiera de estas marcas.
 
¿Por qué impuso una multa Europa?
La Comisión Europea impuso a finales de julio de 2016 una multa de 2.930 millones de euros a los fabricantes que, entre 1997 y 2011, crearon un cártel en el que acordaron aumentos de precios de sus productos y establecieron acuerdos para retrasar la introducción de las tecnologías anticontaminación necesarias para cumplir con las normativas europeas. Determinaron, de forma ilícita, los tiempos para la introducción de estas tecnologías y acordaron repercutir dichos incrementos de gasto sobre los clientes.

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  • A esta demanda puede adherirse también cualquier autónomo o sociedad que comprara un vehículo de transporte de mercancías de carga superior a 6 toneladas entre 1997 y 2011.
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