En la CETM consideran necesario garantizar, entre otros, el derecho al trabajo, el cumplimiento de los servicios mínimos donde corresponda, la seguridad de las personas y las instalaciones empresariales, la protección de los bienes y servicios, y la libre circulación de viajeros y mercancías. Para ello, reclaman a las fuerzas de orden público que velen por que esto se produzca sin incidentes de ningún tipo, controlando que la actuación de los piquetes se limite a tareas puramente informativas y no a impedir el libre ejercicio del trabajo, como frecuentemente sucede.
Al margen de consideraciones legales, se muestran preocupados por el impacto negativo que esta huelga pueda tener sobre la actividad económica, el erario público, la imagen exterior de España, la confianza de los inversores y el diálogo social.
A su juicio, «no tiene sentido convocar de nuevo una huelga general cuando persiste en España una situación económica tremendamente complicada» y apuesta por el trabajo y esfuerzo conjunto de empresarios y trabajadores. Por último, concluye su comunicado, animando a sus empresas asociadas que así lo deseen a prestar los servicios de transporte con normalidad.
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