Entre las novedades del texto aprobado, los responsables de T&E destacan que el PNIEC incorporará objetivos cuantificables y vinculantes para avanzar en la neutralidad climática del transporte en 2050, mediante la reducción de emisiones y el aumento del uso de energías renovables en el sector. Ley de Movilidad Sostenible
La nueva ley contempla la revisión del sistema de etiquetado ambiental de la DGT, de manera que incluya las emisiones de CO2 de los vehículos. Contempla la inclusión de la medición empírica e individualizada de las emisiones reales del tráfico rodado, cuya contribución a la reducción de emisiones de CO2 será esencial. Permitirá a las Administraciones Públicas llevar a cabo un control efectivo de las emisiones del tráfico e identificar a los vehículos verdaderamente más contaminantes, así como promover la sustitución del parque móvil hacia opciones más sostenibles. De forma general, permitirá diseñar políticas públicas basadas en datos, de forma que sean más eficientes y pongan el foco en el problema real.
Planes de movilidad al trabajo
Otro de los puntos clave de la ley ha sido el desarrollo de los planes de movilidad al trabajo. En España, cerca del 30 % de los desplazamientos en día laborable son al trabajo, de los que casi un 60 % se hace por medio del vehículo privado motorizado. El texto aprobado hoy contempla que las grandes empresas deberán disponer de planes de movilidad en un plazo máximo de 24 meses. Esta obligación afectará a compañías con más de 200 empleados o 100 por turno, lo que amplía significativamente el número de organizaciones alcanzadas. Según T&E, esta rebaja de inicialmente 500 a 200 trabajadores en el número de empleados es positiva pero no suficiente ya que en nuestro país hay más de 2,9 millones de pequeñas y medianas empresas.
Electromovilidad
Por otro lado, las gasolineras que vendan más de 10 millones de litros anuales de carburante deberán contar, desde 2025, con al menos un punto de recarga ultrarrápida. En este sentido, T&E aplaude la intención de la ley de agilizar los trámites para instalar infraestructuras de recarga, además de prever su adecuada señalización e información de precios.
En esta misma línea la ley incorpora a los documentos estratégicos como guías de buenas prácticas o directrices metodológicas que explicitan el impulso de las electrolineras para largas distancias. Además, se han incorporado varias enmiendas transaccionales vinculadas a planes de aceleración de la infraestructura y planes de despliegue en zonas rurales cuyo contenido aún no es público.
Un plan de incentivos para la compra de vehículos de cero o bajas emisiones
Uno de los graves problemas que experimenta el parque automovilístico español es su antigüedad, que de media ronda los 14,5 años. Por eso, T&E considera una buena noticia el establecimiento de la obligación de que el Gobierno apruebe, en un plazo de tres meses tras la entrada en vigor de la norma, un plan de incentivos para la compra de vehículos de cero o bajas emisiones, acompañado de la retirada voluntaria de los más antiguos.
Un proceso largo, pero muy necesario
Desde Transport & Environment (T&E) destacan que, aunque la norma «ha sufrido varios reveses y ha sido objeto de duras negociaciones», su aprobación era un compromiso adquirido dentro del Plan de Recuperación, «lo que va a permitir desbloquear 10.000 millones de euros de los fondos europeos vinculados a un paquete de reformas en el que está incluido la ley».
