El objetivo es declarar la nulidad de pleno derecho de las dos prórrogas de la concesión de la AP-9 y de la venta de las participaciones de AUDASA, así como poner fin a los perjuicios económicos que esta situación genera para el sector del transporte y los ciudadanos gallegos.
El Gobierno ha presentado alegaciones al dictamen de la Comisión Europea, lo que ha provocado dilaciones en el procedimiento. Según FEGATRAMER, estas demoras afectan gravemente a los intereses de las empresas de transporte y de los ciudadanos, en lugar de abordar la situación irregular de manera inmediata.
FEGATRAMER denuncia que el Gobierno ha actuado con oscurantismo y falta de transparencia, ya que no ha hecho públicas las alegaciones enviadas a la Comisión Europea ni el contenido del dictamen
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El proceso judicial para declarar la nulidad requiere, primero, solicitar la revisión de oficio de los actos y disposiciones ante el Consejo de Ministros. Si la solicitud es denegada, ya sea de manera expresa o por silencio administrativo, se abrirá la vía contencioso-administrativa, permitiendo interponer una demanda ante el Tribunal Supremo. Este paso es crucial para fijar un principio y una fecha para resolver la situación.
El pasado 15 de septiembre, el presidente de FEGATRAMER presentó oficialmente el escrito elaborado por sus servicios jurídicos en el Registro telemático del Ministerio, incluyendo todas las disposiciones y acuerdos cuya legalidad se cuestiona.
Crítica a la falta de transparencia del Gobierno
FEGATRAMER denuncia que el Gobierno ha actuado con oscurantismo y falta de transparencia, ya que no ha hecho públicas las alegaciones enviadas a la Comisión Europea ni el contenido del dictamen. La organización exige claridad sobre los reproches concretos de la Comisión Europea respecto a la concesión de la AP-9 y los peajes cobrados.
