Los países europeos sin tacógrafo inteligente de segunda generación

Desde el pasado 20 de agosto todos los camiones y autobuses que hagan transporte internacional dentro de la Unión Europea y que estén matriculados en alguno de sus Estados miembros, o bien en Suiza, Reino Unido, Islandia o Noruega deben estar equipados con el nuevo tacógrafo inteligente de segunda generación, sea cual sea su fecha de matriculación.

En total, más de un millón de camiones en los países anteriormente mencionados han tenido que llevar a cabo el correspondiente ‘retrofit sustituyendo sus anteriores tacógrafos analógicos y digitales con los que iban equipados. Sin embargo, no todos los camiones y autobuses que circulan en tráfico internacional por la Unión Europea están obligados a ir equipados con el nuevo tacógrafo inteligente de segunda generación. Tal es el caso de los países terceros adheridos al acuerdo internacional AETR, como es el caso de Rusia, Turquía, Georgia, Moldavia y Armenia, los cuales pueden seguir haciendo transporte internacional por la UE con sus vehículos equipados con tacógrafos analógicos o digitales no inteligentes. 

También es el caso de los vehículos de transporte matriculados en Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia. Estos países, pese a formar parte del Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte (TCT), que establece las bases para incorporar la legislación de transporte de la Unión Europea a su ordenamiento jurídico interno, no ha finalizado completamente este proceso de implementación. Por ello, la Comisión Europea ha decidido, por ahora, no obligar a instalar tacógrafos G2V2 en los vehículos matriculados en estos países.

«Podría dificultar el control de los servicios de inspección y afectar a la competencia leal entre empresas de transporte»
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Desde Fenadismer advierten de que esta circunstancia «podría dificultar el control por parte de los agentes de tráfico en carretera del cumplimiento de la normativa sobre tiempos de conducción y descanso». Además consideran que podría afectar a la leal competencia entra empresas de transporte en función de su país de matriculación.

 

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