La jubilación anticipada de los conductores profesionales 100 días después: Los albañiles toman la delantera

El pasado mes de mayo se aprobó el Real Decreto 402/2025, que regula un nuevo procedimiento para anticipar la jubilación mediante coeficientes reductores para trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres.

De este modo se abría la puerta para avanzar en la la solicitud de jubilación anticipada de los conductores profesionales y acabar con el desbloqueo provocado por el cambio de postura de UGT.

Han transcurrido tres meses y por el momento nada ha cambiado en el sector del transporte de mercancías por carretera. Los sindicatos y las principales asociaciones se han emplazado a retomar las conversaciones en otoño.

Los primeros en solicitar la aplicación de coeficientes reductores 

El sector de la construcción se ha consolidado como el colectivo más activo en la reivindicación de una jubilación anticipada. El pasado 16 de julio, CC OO y UGT presentaron al Gobierno una solicitud para que más de un millón de trabajadores del sector —alrededor del 71 % de la plantilla, entre ellos albañiles, encofradores, peones, electricistas o pintores— puedan retirarse a partir de los 52 años sin sufrir penalizaciones. El argumento central se apoya en los elevados índices de siniestralidad laboral, con 135 muertes registradas solo en 2024, que evidencian la peligrosidad inherente al trabajo en obra.

En principio, el Gobierno se ha comprometido a responder a esta solicitud en un plazo máximo seis meses
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El Ejecutivo se ha comprometido a dar una respuesta en un plazo máximo de seis meses. Mientras tanto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque según informa El País, ha adelantado que “la aplicación de los coeficientes reductores será limitada únicamente a las ocupaciones más exigentes del sector, aquellas cuya penosidad no pueda ser compensada mediante mejoras en las condiciones laborales”.

El propio Ministerio subraya que, para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, el impacto económico de la medida debe ser neutro. Para ello, la solución planteada pasa por una sobrecotización adicional, principalmente a cargo de las empresas, que permita compensar el adelanto en la edad de jubilación de los trabajadores.

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