Hace un par de semanas salía a la luz un informe revelador de EsadeEcPol sobre la economía sumergida en España. Entre 2021 y 2023 se ha producido un aumento inesperado de la recaudación del IVA de unos 6.000 millones de euros anuales que se explica, en parte, por el afloramiento de la economía sumergida durante la pandemia.
Lo cierto es que la economía sumergida y el fraude fiscal suponen una lacra para las empresas y su competitividad y para las propias arcas públicas. Existen comunidades autónomas más afectadas que otras, como la Comunidad Valenciana, y sectores más afectados que otros como, por ejemplo, el turismo, pero también el transporte y, en concreto, las mudanzas.
Se trata de un problema histórico del sector, casi ya estructural. Nos encontramos de forma frecuente con prestadores de servicios de mudanzas que mantienen una situación absolutamente irregular en materia fiscal, incumpliendo las obligaciones tributarias, pero también en materia laboral, sin dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social. Además, en el caso de las empresas de transporte, existen otras obligaciones en materia de transportes, como las autorizaciones pertinentes para realizar el servicio o el cumplimiento de determinadas medidas de seguridad para llevar la operativa que, por supuesto, también incumplen.
No es juego limpio. Esta clase de competencia desleal nos deja al resto de profesionales en una situación de gravosa vulnerabilidad, por no hablar de los que “contratan” estos servicios, que se encuentran, en más de una ocasión, envueltos en un fraude del que ven imposible salir porque después de prestar el servicio, como si se trataran de piratas después de haber asaltado un barco, esta clase de “empresas” desaparecen. La situación es tan dramática para el sector que incluso está suponiendo cierres de las que sí que cumplen con sus obligaciones.
Mudanzas: Una problemática compleja y difícil de resolver
Recientemente, desde la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y La Logística (FVET) hemos trasladado esta situación al Ayuntamiento de Valencia. Sabemos que la problemática es compleja y difícil de resolver, pero algo se podría hacer. Un primer paso es escucharnos y otro, implementar medidas útiles para frenar este tipo de prácticas fraudulentas, como, por ejemplo, intensificar las campañas y controles por parte de la Policía Local o que fuera obligatorio que todas las empresas figuraran en el Registro Municipal de Empresas de Mudanzas para prestar estos servicios.
Además de esta problemática, existen otras que impiden que las empresas de mudanzas puedan efectuar sus servicios en condiciones adecuadas, en especial en determinadas zonas como el centro de València.
Desde la Federación seguiremos insistiendo en defender a las empresas de mudanzas y garantizar un marco de competencia justo para desarrollar su actividad. Es una obligación como representantes del sector del transporte. Para poder acabar con este fraude, frenar el cierre de empresas, combatir la economía sumergida y, por qué no, hacer naufragar a las mudanzas piratas.
