La activación de este decreto de requisición civil ha permitido restaurar cierto orden público, también ha generado fuertes críticas hacia el Gobierno de Costa, acusado de limitar los derechos de los trabajadores en huelga.
[Los transportistas portugueses van en serio: huelga indefinida]
La Confederación General de los Trabajadores Portugueses ha censurado al Ejecutivo socialista por "volverse cómplice de la patronal" y posicionarse en contra de los derechos fundamentales de los obreros. Además el Partido Comunista Portugués y el Bloque de Izquierda, las dos formaciones de la izquierda que sostienen al Gobierno minoritario de Costa, han cuestionado la medida, que calificaron como "errónea".
Po su parta, la patronal del sector de los transportistas, Antram, aplaudió la medida tomada por Costa y fue más allá: defendió que el Ejecutivo debería decretar la requisición civil "total" y no sólo en las áreas donde se han incumplido los servicios mínimos.
