Más castigo para la manipulación de cuentakilómetros

La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (GANVAM) ha presentado una enmienda al Proyecto de Ley de Seguridad Vial que se está tramitando en las Cortes, con el objetivo de incluir como infracción grave la manipulación del cuentakilómetros de los vehículos y luchar así decididamente contra esta práctica ilegal.

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Ganvam apoya esta enmienda en que en ocasiones algunos operadores del mercado manipulan los contadores para alterar el precio del vehículo y obtener un lucro ilegítimo, a sabiendas de que el importe de un vehículo de ocasión viene claramente determinado por la antigüedad de la fecha de primera matriculación, pero también por el kilometraje del vehículo, es decir, por el rodaje o, lo que es lo mismo, por el uso más o menos intensivo que se le haya dado.
Según la asociación, estos actores del mercado que actúan malintencionadamente alterando los cuentakilómetros incurren en un delito de estafa, que puede ser sancionado con penas de hasta 6 años de prisión, pero además, constituye un acto de competencia desleal frente al resto de la inmensa mayoría de agentes que trabajan honestamente conforme a las exigencias de la ley, proyectando además una imagen negativa del sector del VO que en absoluto se corresponde con la realidad.
 
Además, independientemente de que esta práctica pueda constituir un delito de estafa, penado con hasta seis años de prisión, la patronal llama la atención sobre las graves consecuencias para la seguridad vial que puede tener, ya que los fabricantes diseñan y ponen en el mercado vehículos con unas necesidades de mantenimiento y servicio periódico en función de su antigüedad y kilometraje.
 
Según el presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, “creemos necesario que esta infracción tan grave tenga su reflejo en el cuadro de sanciones de la nueva Ley de Seguridad Vial para proteger al automovilista como consumidor y, lo más importante, para garantizar unas carreteras más seguras por las que circulamos todos”.

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  • Según la asociación, estos actores del mercado que actúan malintencionadamente alterando los cuentakilómetros incurren en un delito de estafa, que puede ser sancionado con penas de hasta 6 años de prisión, pero además, constituye un acto de competencia desleal frente al resto de la inmensa mayoría de agentes que trabajan honestamente.
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