La indemnización legal por “paralizaciones”

¿Es aplicable también a otros casos de inmovilización del camión?

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1. PLANTEAMIENTO
 
No cabe duda de que el “lucro cesante”, es decir, la ganancia dejada de obtener por el acaecimiento de un hecho culposo, es un concepto indemnizable por quien con su actuación lo causó, igual que el “daño emergente” o perjuicio directamente derivado de tal conducta (art. 1106 de nuestro Código Civil). Ese beneficio dejado de obtener, que sí se hubiera percibido en caso de no haber tenido lugar el evento lesivo, puede consistir, por ejemplo, en la pérdida de un contrato posterior y por tanto de su precio, la ruptura de relaciones con un concesionario, un accidente culpable que impide seguir ejerciendo la profesión habitual, etc.
 
En general, para evitar un enriquecimiento injusto del reclamante, alegando ganancias sólo hipotéticas, dudosas o contingentes -lo que la Jurisprudencia ha llamado “sueños de fortuna” (sentencias del T.S. de 12-11-2009, F. 3º; 24-9-2010, F. 2º; 1-3-2011, F. 6º,41; 20-7-2011, F.3º y muchas anteriores)-, o “cuento de la lechera”-, se exige a éste probar la realidad de tal pérdida del beneficio esperado, su cuantía, y “nexo causal” o relación de causa a efecto entre la conducta ajena y ese resultado indeseable (es decir, que ese comportamiento produjo necesariamente esa consecuencia, y, a la inversa, que tal desenlace sólo pudo deberse a aquel motivo). No se trata de probar un hecho no acaecido (la ganancia en sí) –cosa imposible- sino de probar un hecho sí ocurrido: las circunstancias que hubieran llevado a obtener ese beneficio. Pero hablamos de exigencia de prueba “en general” porque hay excepciones, en que dicha indemnización esté legalmente predeterminada –digamos, sea “automática”-.
 
Por supuesto, este derecho a ser resarcido en el “lucro cesante·” sufrido, existe en el transporte de mercancías por carretera, igual que en cualquier otra relación jurídica.  Concretamente, es lo que sucede en las llamadas “paralizaciones” del vehículo, es decir, un exceso en el tiempo para realizar la operación de carga (en el lugar de origen del transporte) o de descarga (en el lugar de su destino), que puede resultar –como es lo más frecuente- de un comienzo tardío de tales operaciones, respecto al plazo con carácter general previsto de dos horas para la carga y otras dos para la descarga. Así está establecido en el art. 22.3 de la Ley 15/2009 de 11 Noviembre, reguladora del contrato de transporte terrestre de mercancías –que lo fija en relación al IPREM-, igual que anteriormente lo estuvo en el art. 22.6 de la Ley 16/1987 de 30 Julio sobre Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) –en euros-.
 
Ahora bien, es discutida la cuestión de si la cuantía legalmente predeterminada, a indemnizar por el culpable –cargador o destinatario- como lucro cesante del transportista, para ese supuesto de “paralizaciones” es aplicable también a otras situaciones de inmovilización del vehículo, como puede ser la estancia del mismo en un taller, para su reparación –voluntaria (p. ej. para proporcionarle mejoras) o necesaria (p.ej. por desgaste normal, o daños por accidente de circulación)-, o la parada o incluso depósito obligado por la Policía en caso de infracciones muy graves cometidas por el cargador como la sobrecarga del camión, o la introducción por éste en el vehículo -sin conocimiento del conductor- de mercancía de comercio ilícito (p.ej. falsificada, o drogas), etc. Por supuesto, también es posible oponer tal pérdida de beneficios como “contra-ataque” (que en derecho procesal se llama reconvención) ante una Demanda ajena, p. ej. recibida del dueño del taller reclamando el pago de los gastos de reparación. En otras palabras, en tales otros casos, que no son estrictamente un exceso en el tiempo de carga o descarga, ¿podría aplicarse “automáticamente” –sin necesidad de otra justificación- ese “baremo” legal, o por el contrario hay que actuar con independencia de LOTT y Ley 15/2009, probando qué beneficios se hubieran obtenido de tener el camión disponible?
 
2. NI LA LOTT NI LA LEY 15/2009 DAN LA SOLUCIÓN
 
La redacción de los referidos preceptos legales deja lugar a dudas, pues, tras describir qué llaman “paralizaciones” –ese exceso de tiempo para las operaciones de carga o descarga-,  citan la “paralización” como un caso más (entre otros posibles), al que aplicar dicha predeterminada indemnización. Una referencia como ejemplo –ad exemplum-.
 
En efecto, el art. 22.6 de la LOTT dice así:
 
“6. Salvo que en el correspondiente contrato se hubiese pactado expresamente una indemnización distinta para este supuesto, la paralización del vehículo por causas no imputables al transportista, incluidas las operaciones de carga y descarga, dará lugar a una indemnización en cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional/día multiplicado por 1,2 por cada hora o fracción de paralización, sin que se tengan en cuenta a tal efecto las dos primeras horas de paralización ni se computen más de 10 horas diarias por este concepto.
Cuando la paralización del vehículo fuese superior a dos días, las horas que, a tenor de lo anteriormente señalado, hayan de computarse a tal efecto en el tercer día y siguientes serán indemnizadas en cuantía equivalente a la anteriormente señalada, incrementada en un 50 por 100”.
 
Por su parte, el art. 22.3 de la Ley 15/2009 se pronuncia de igual manera (sólo que esa cuantía de indemnización, referida al IPREM):
 
“3. Salvo que se haya pactado expresamente una indemnización superior para este supuesto, la paralización del vehículo por causas no imputables al porteador, incluidas las operaciones de carga y descarga, dará lugar a una indemnización en cuantía equivalente al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día multiplicado por 2 por cada hora o fracción de paralización, sin que se tengan en cuenta las dos primeras horas ni se computen más de diez horas diarias por este concepto. Cuando la paralización del vehículo fuese superior a un día el segundo día será indemnizado en cuantía equivalente a la señalada para el primer día incrementada en un 25 por 100. Cuando la paralización del vehículo fuese superior a dos días, el tercer día y siguientes serán indemnizados en cuantía equivalente a la señalada para el primer día incrementada en un 50 por 100”.
 
Entonces, ¿es aplicable el mismo criterio en tales otros casos?
 
Debemos recordar que nuestro Derecho admite la aplicación llamada “analógica” de leyes “cuando éstas no contemplan un supuesto específico, pero regulan otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón” (art. 4.1 del Código Civil). ¿Podría haber “analogía” entre el baremo de LOTT y Ley 15/2009 y otros casos de inmovilización de camiones?
 
La solución pasa, pues, por estudiar qué han exigido y con qué se han conformado precisamente los Jueces cuando se han visto enfrentados a tales casos –permítaseme el juego de palabras- de “paralización sin paralización”.
 
3. QUÉ HAN DICHO LOS TRIBUNALES
 
La Jurisprudencia no es abundante. Hemos encontrado pocas sentencias sobre estos casos. Y además entre ellas no hay unanimidad, pues unas aceptan la aplicación automática de este “baremo” de la LOTT, y otras lo rechazan y exigen esa prueba sobre las ganancias no obtenidas, o mejor, sobre las circunstancias que permitirían haberlas obtenido. Seguidamente extractamos o resumimos sus argumentos básicos (algunas sentencias presentan varios argumentos; esta selección indica los que nos han parecido más “originales” de cada una).
 
a) Aplican la LOTT
 
* Sentencia de la Audiencia P. Córdoba 6 Octubre 2006  
 
 “puede servir de orientación, pese a que no sea de aplicación directa al caso (…) lo previsto en el artículo 22.6 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres “ (…) ya “que la cuantificación económica de la paralización resulta extremadamente dificultosa (…) y (…) por esta razón, debe recurrirse a módulos objetivos, como es el cálculo a través de tarifas oficiales”. (Fto. Cuarto).
 
* Sentencia de la Audiencia P. Málaga 27 Novbre. 2008  
 
 “es adecuado y admisible, y se corresponde con una práctica habitual en el ámbito jurisdiccional, el acudir a la aplicación de baremos o tarifas” (…). En el presente caso no estamos ante la aplicación de unas tarifas gremiales o corporativas, sino que se encuentran reguladas en un texto legal, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (…). Esta Sala considera admisible dicha aplicación por vía analógica, como medio de superar la importante dificultad que comporta la acreditación directa del lucro cesante. (Fto. Tercero, apdo. 2).
 
b) Rechazan la LOTT
 
* Sentencia de la Audiencia P. Asturias 8 Mayo 2009  
 
no es de aplicación automática el recargo (sic) que contempla el artículo 22.6 LOTT (…) previsto para graduar la responsabilidad contractual por paralización, pero inaplicable sin más a la cuantificación del lucro cesante de la responsabilidad civil cuya causa es un accidente de tráfico, al menos sin un principio de prueba respecto a que la demora en la reparación desde ese día ha causado perjuicios suplementarios al perjudicado. (Fto. Cuarto).
 
* Sentencia de la Audiencia P. Cuenca 17 Novbre. 2010   
 
 “entre el supuesto regulado en el ya tan citado artículo 22.6 y el que aquí se resuelve no existe en absoluto identidad de razón. (…) porque en uno se establece una norma de naturaleza dispositiva -salvo pacto expreso-, para determinar la indemnización correspondiente en el marco de una relación contractual que en el otro no existe.  (Además, sólo en el primer caso) el daño emergente (estaría) incluido en la reparación de daños y perjuicios calculada de ese modo”. (Fto. Segundo).
 
* Sentencia de la Audiencia P. Huesca 23 Junio 2010. Esta Sentencia tiene especial interés porque además del art. 22 de la LOTT cita el art. 22 de la Ley 15/2009.
 
 “las indicadas tarifas de referencia (de la LOTT y de la Ley 15/2009) tienen un marcado carácter sancionador, como lo evidencian los incrementos dispuestos conforme aumentan los días de paralización, y todo ello, además, dentro de la esfera contractual para la que actúa esa penalización a modo de cláusula penal y dentro de situaciones en las que no son de esperar paralizaciones de muy larga duración”. (Fto Segundo).
 
* Sentencia de la Audiencia P. Coruña 24 Junio 2011
 
No basta como prueba una "certificación" emitida por una Asociación de transportistas limitada a un cálculo conforme al art. 22.6 de la LOTT (más los datos obtenidos del Observatorio de costes del Ministerio de Fomento, y las órdenes ministeriales que establecen tarifas de referencia para el transporte), supuesto específico ajeno al objeto de este pleito. Cita las Sents. propias de 27-1-2005, 22-11-2007, 29-5-2008 y 26-3-2009. (Fto primero).
 
* Sentencia de la Audiencia P. Barcelona 21 Diciembre 2011
 
 “la paralización del vehículo de acuerdo con la LOTT… tiene su específico ámbito en el contrato de transporte, pero como ley especial que es no puede resultar de aplicación en otros ámbitos jurídicos”. (Fto. Segundo).
 
* Sentencia de la Audiencia P. Valencia 8 Febrero 2013
 
 “la realidad de ese lucro cesante debe concretarse en cada caso”. (Fto. Tercero). No basta con invocar el art. 22 de la LOTT, sino hay que probar esa ganancia no obtenida. No se trata de probar hechos no acaecidos, cosa imposible (“probatio diabólica”), sino de hechos positivos, como por ejemplo documentos o contabilidad o testigos (clientes) que prueben contratos pactados –ésos que no han podido ser atendidos por tal causa-. Además, por la progresividad –no simple proporcionalidad- de la indemnización “en las normas sobre indemnización por demora en la carga o descarga existe un componente que podríamos denominar (…) sancionador de una culpa específica, componente que no existe en casos como el que nos ocupa”. (Fto. Cuarto).
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 Febrero 2013 –lamentablemente, única de este Alto Tribunal que hemos encontrado- no nos parece muy clara, pues si por una parte reconoce la procedencia de indemnizar el lucro cesante al transportista, pese a que éste no ha aportado prueba de los perjuicios habidos, por otra rechaza el certificado emitido por una asociación, que –dice- serviría a titulo meramente indicativo, pero conservando el Tribunal su facultad de determinar la cuantía de la indemnización (Fto. Segundo).
 
Como puede verse, el número de las que rechazan aplicar la LOTT es muy superior al de las que aceptan aplicarla. Ello nos conduce directamente al último punto de este comentario.
 
 
4. CONCLUSIÓN Y CONSEJO
Pese a la existencia de antecedentes jurisprudenciales que aceptan esa cuantía predeterminada en los arts. 22.3 de la LOTT o 22.6 de la Ley 15/2009, ante el riesgo de que ese “automatismo” se declare inaplicable, como hemos visto sucede –por mayoría- en las decisiones de los Tribunales- resulta preferible –y recomendamos– en caso de pleito aportar por el transportista adjuntos a su demanda como prueba justificantes de tales beneficios dejados de obtener, como otros encargos no atendidos, documentos contables, testigos de tales encargos, un peritaje acreditando los beneficios “habituales” del transportista, etc. Precisamente, ahora, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 (en sus arts. 299-384) es muy amplia y generosa en cuanto a los medios de prueba que admite como utilizables en juicio.

Francisco Sánchez-Gamborino
Abogado especialista en transportes.
Vicepresidente de la Comisión Jurídica de IRU
abogados@sanchez-gamborino.com

  • El “lucro cesante” o ganancia dejada de obtener por el acaecimiento de un hecho culposo, es siempre indemnizable
  • LOTT y Ley 15/209 citan la “paralización” como un caso más al que aplicar la predeterminada indemnización
  • La Jurisprudencia mayoritaria rechaza la aplicación automática del baremo de la LOTT (hoy, Ley 15/2009)
  •  Recomendamos aportar por el transportista justificantes de otros encargos no atendidos.
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