La aprobación de la disposición adicional a la ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre contrato de agencia aprobada el pasado 15 de febrero en el Congreso ha desatado las tensiones entre los fabricantes de vehículos y los concesionarios.
La delicada situación del sector de la automoción, que se ha visto agravada con la supresión del Plan Vive y el incremento del IVA, ha provocado que desde diversas asociaciones se haya solicitado al Gobierno, e
n reiteradas ocasiones, la puesta en marcha de medidas que reactiven el mercado. Después de muchos meses de espera y ante el inmovilismo de la Administración, las asociaciones que agrupan a la gran mayoría de concesionarios de nuestro país (GANVAM y FACONAUTO) han conseguido el apoyo de todos los partidos de la oposición para incluir durante la tramitación en el Senado de la Ley de Economía Sostenible una enmienda en la que se recogen diversas medidas que salvaguardan gran parte de sus intereses.
Entre ellas destacan las siguientes: Los concesionarios podrán devolver los vehículos a los fabricantes en un plazo de sesenta días al mismo precio que los han adquirido, los fabricantes tendrán que indemnizar a los concesionarios cuando se rescinda un contrato (independientemente de cuál sea la causa). Esta última cuestión genera una gran preocupación entre los fabricantes porque las indemnizaciones pueden alcanzar cifras millonarias.
Un caso único en Europa
Hasta ahora el contrato de distribución en nuestro país se regía por el Reglamento de la UE 461/2010, así como por todo el Derecho Contractual contenido en el Código Civil y el en Código de Comercio.
En ningún país de la Unión Europea existe un precedente normativo que regule de un modo similar las regulaciones privadas de la distribución únicamente para el sector de los vehículos a motor.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha expresado en diversas ocasiones su deseo de elaborar una ley que regule los contratos de distribución antes de que finalice la legislatura. Hasta entonces, si nada lo impide las relaciones entre fabricantes y concesionarios se moverán en un clima de tensión.
Las asociaciones expresan su opinión:
Javier García Sanz, Presidente de ANFAC, ha mostrado la “indignación y profunda decepción” de los fabricantes ante esta normativa. Además ha asegurado que los partidos políticos que han apoyado esta Enmienda, especialmente Partido Popular (PP) y Convergencia i Unió (CIU), “no son conscientes de las terribles repercusiones que esta medida tiene sobre la industria del automóvil”.García Sanz ha anunciado que han solicitado una reunión con Mariano Rajoy y Artur Más para abordar esta cuestión porque “se han equivocado y deben rectificar”. De lo contrario, prosiguió el máximo representante de ANFAC, “serán responsables de las pérdidas de inversiones en España y de empleo que esta normativa pueda producir”
Los fabricantes, que se reunirán en una Junta Directiva extraordinaria la próxima semana, llevarán a cabo todas las acciones que estén en su mano para corregir esta situación porque está en juego “el futuro de la industria del automóvil en España”, aseguran.
ANIACAM también ha lamentado “la adopción apresurada a través de enmiendas presentadas en la última etapa del procedimiento legislativo en una materia tan compleja”. “Con el pretexto de proteger al distribuidor de automóviles, las nuevas normas introducen disposiciones imperativas, sustituyendo a los acuerdos que pudieran alcanzar las partes. Ello fija un marco rígido de actuación dirigido a desplazar a los fabricantes costes de decisiones de negocio que corresponden a empresas independientes, lo que hace difícilmente viable la relación que se propone”, aseguran.ANIACAM prevé que esta nueva regulación lleve a las marcas a abandonar la suscripción de nuevos contratos de distribución, buscando alternativas para la atención de las zonas en que ello sea necesario tales como la implantación de filiales o sucursales.
Los máximos responsables de la asociación ya se han dirigido a los Ministros de Industria, Justicia y Trabajo y al grupo parlamentario socialista a fin de estudiar las posibilidades de impugnación de las disposiciones introducidas por la enmienda a la Ley de Economía Sostenible ante el Tribunal Constitucional.
La Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto) considera que la nueva norma que regula la relación contractual con las marcas "viene a resolver una situación jurídica de indefensión" de los concesionarios respecto a los fabricantes.Faconauto recuerda que, hasta el momento, las marcas podían modificar unilateralmente los contratos y resolverlos sin compensación alguna por la clientela, por las inversiones no amortizadas o por los despidos de los trabajadores. Además, los concesionarios debían quedarse con vehículos y recambios adquiridos.
La organización recuerda que el nuevo marco jurídico supone un régimen transitorio hasta que las Cortes aprueben una ley reguladora de los contratos de distribución, en la que trabaja actualmente el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam), Juan Antonio Sánchez Torres, es partidario de buscar una solución "negociada y de consenso" a la relación contractual entre marcas y concesionarios, y considera que debe evitarse "una guerra" entre las dos partes ante el actual declive del mercado automovilístico.El máximo responsable de Ganvam reconoció que la nueva norma en sí beneficia a los concesionarios frente a las marcas, puesto que se modifica la situación para favorecer los intereses de la parte más débil.
No obstante, en su opinión, la situación del mercado aconseja la unión del sector. "Sería un tremendo error entrar en una guerra entre marcas y concesionarios que a nadie beneficia", advirtió el presidente de la patronal de vendedores.
