En este sentido, la Asamblea de Fenadismer acordó poner en marcha un Plan de inspección en colaboración con la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo para perseguir la “rumanización” de las empresas de transporte españolas, esto es, para actuar contra los empresarios de transporte españoles que están procediendo a desmantelar sus empresas radicadas en nuestro país, con el consiguiente despido laboral de sus conductores asalariados, y aprovechándose de la regulación del mercado único de transportes en el seno de la Unión Europea proceden a crear una empresa de transporte en un país del Este de Europa principalmente (Rumanía o Bulgaria) para continuar realizando los mismos tráficos en España que venía prestando con anterioridad, aprovechando los menores costes fiscales y laborales que presentan dichos países.
En base al Plan de inspección diseñado con el Ministerio de Empleo, la Inspección de Trabajo va a controlar si las citadas empresas extranjeras están aplicando correctamente la vigente legislación española relativa al desplazamiento de trabajadores por parte de empresas situadas en terceros países, las cuales están obligadas a garantizar a dichos trabajadores, sea cual sea la legislación aplicable a sus contratos de trabajo, las condiciones de trabajo previstas por la legislación laboral española relativas a tiempo de trabajo, cuantía del salario y prevención de riesgos laborales, entre otras.
Por otra parte, la Asamblea de Fenadismer acordó iniciar una campaña de denuncias contra los centros y áreas de almacenaje y distribución de mercancías, especialmente en grandes centros logísticos del sector de la alimentación, por los abusos que están padeciendo los transportistas que son obligados a efectuar las tareas de carga y descarga de las mercancías que transportan, vulnerando en la mayoría de los casos la legislación laboral en materia de prevención de riesgos laborales.
Por último, la Asamblea de Fenadismer ha valorado negativamente el proyecto de modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres aprobado por el Gobierno el pasado mes de Diciembre y actualmente en trámite parlamentario, al considerarlo “insuficiente” por no haberse establecido medidas de protección reales que permitan a las empresas transportistas españolas poder garantizar respecto de los precios de sus servicios el cuánto, el cuándo y el cómo, esto es, medidas eficaces para reforzar su capacidad de negociación ante sus clientes, de modo similar a como ya se encuentra regulado en los países de nuestro entorno, principalmente Italia y Francia. Por ello, si durante la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley no se introducen dichas medidas efectivas, Fenadismer advierte de que “ocasionará una profunda frustración al colectivo de transportistas, lo que provocará una reacción de rechazo a la misma”.
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