ASTIC califica esta decisión como una medida que “estrangula más si cabe al sector”, ya que obligará a los transportistas a emplear la autopista de pago AP-7 en un tramo considerado como la principal salida de las mercancías españolas hacia Europa y por el que circulan entre 3.500 y 4.000 camiones diarios.
En los próximos días las autoridades podrían estudiar la implantación de bonificaciones de entre el 25% y el 50% en el peaje para los transportistas, pero el sector reclama la gratuidad.
La medida, que se prevé entre en vigor a partir del próximo 2 de abril, se indicará mediante señalizaciones de tráfico y actuación de los Mossos d’Esquadra, que se encargarán de controlar que ningún transportista la infrinja. Los camioneros que circulen por la N-II tendrán que justificar a través de la tarjeta de transporte que están realizando un recorrido interno.
Ramón Valdivia, director general de ASTIC, considera que “con los impuestos especiales sobre el carburante que pagan los transportistas se podría haber desdoblado la carretera hace años y haber creado una variante específica para el tráfico de vehículos pesados”.
Por su parte, FENADISMER considera dicha decisión “como una medida sin precedentes tanto en España como en el resto de Europa ya que nunca se había prohibido la circulación de vehículos de transporte en una carretera de ámbito nacional en un trayecto de casi 100 kilómetros”.