La Comisión considera que esta exigencia española no tiene en cuenta que esos vehículos cumplen los requisitos técnicos europeos y nacionales para poder circular en el Estado miembro de origen. Por ello, la Comisión opina que este requisito infringe el principio de reconocimiento mutuo derivado de las normas de la UE sobre la libre circulación de mercancías [artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)] y es desproporcionado.
La Comisión también cree que España no ha justificado esta exigencia sobre la base de un argumento legítimo, como la protección medioambiental o la seguridad vial; considera que las autoridades españolas podrían recurrir a medidas alternativas menos restrictivas para alcanzar tales objetivos.
Como consecuencia de este obstáculo a la importación de vehículos pesados procedentes de otros Estados miembros, se reduce la competencia en el mercado español y los transportistas por carretera tienen menos opciones y pueden resultarles más caras.
En otoño de 2011, el Gobierno español anunció una propuesta legislativa para eliminar este obstáculo. Sin embargo, la propuesta no se adoptó a causa de las elecciones generales en España y acaba de reiniciarse todo el procedimiento de toma de decisiones. En estas circunstancias, la Comisión ha decidido remitir el asunto al Tribunal, al mismo tiempo que sigue debatiendo la cuestión con las autoridades españolas para poner fin a la infracción.
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