La Comisión Europea mediante dictamen motivado el pasado año 2008 ya instaba al Gobierno español a que modificara la legislación española por considerar que dicho impuesto no se ajustaba a la normativa comunitaria, amenazando con presentar la correspondiente demanda ante el Tribunal de Justicia Europeo, si no corregía dicha situación ilegal.
A pesar de la resolución de la Comisión Europea, a la que se suma las cuestiones de prejudicialidad planteadas por los Tribunales Superiores de Justicia, los sucesivos Gobiernos españoles han mantenido vigente el impuesto sanitario sobre los carburantes, por lo que de dictarse una previsible sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, podría obligar a la Agencia Tributaria española a devolver a los consumidores profesionales y particulares lo recaudado en los últimos 5 años por este impuesto, en torno a 1000 millones de euros anuales más los intereses legales de demora vigentes, lo que supondría un importante quebranto económico para las arcas públicas superior a los 6000 millones de euros.
Por ello, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), va a solicitar formalmente al Ministro de Hacienda que se apruebe con carácter urgente la derogación cautelar de dicha ley hasta que se resuelva el recurso por el Tribunal europeo y que estudie otras fórmulas fiscales de financiación tanto estatales como autonómicas.
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