Como se recordará, como consecuencia del Paquete de Medidas aprobado por el Gobierno en junio de 2008 tras el Paro Nacional de Transporte, se acordó proceder a la revisión del régimen sancionador previsto en la Ley de Transporte. A tal fin se constituyó un Grupo de Trabajo entre representantes de la Dirección General de Transporte Terrestre y de las organizaciones nacionales de transportistas que ha estado analizando durante los últimos 12 meses minuciosamente los diferentes tipos infractores y de reducción de algunas cuantías, se ha acordado rechazar la propuesta de acuerdo presentada por el Ministerio de Fomento al considerarse insuficiente por no recoger algunas de las principales reivindicaciones planteadas por las organizaciones del sector (en especial, el establecimiento de la responsabilidad objetiva de los conductores).
También se analizó la próxima reunión con la responsable de tráfico del País Vasco, cuya flexibilidad y buena predisposición invita a pensar en una solución al problema de las restricciones en esta comunidad española.
Además en este pleno se aprobó por unanimidad habilitar la suspensión provisional tanto en lo que respecta a la realización de la actividad de transporte, como a la suspensión de copias de autorización referidas a vehículos, permitiendo esa suspensión provisional hasta el 1 de enero de 2012 previo trámite de baja de los vehículos en la Dirección General de Tráfico.
Por otra parte, en dicha reunión las organizaciones nacionales de transportistas han acordado por unanimidad instar al Gobierno español para que no firme la adhesión de España al convenio internacional de la ONU sobre el contrato de transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo, firmado en Rótterdam el pasado 23 de septiembre de 2009, por cuanto puede resultar de aplicación a los transportes anterior o subsiguiente al transporte marítimo, esto es, al realizado por carretera, aplicándose de este modo la regulación sobre responsabilidad, límites de indemnización y prescripción sobre reclamaciones que resultan más perjudiciales para el transportista que las previstas en la legislación española (ley de contrato de transporte terrestre) o internacional (convenio CMR).
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