El objetivo de esta medida es la aceleración de obra pública de cara a impulsar la actividad económica y la creación de empleo, que ahora se plasma con la aprobación de estos acuerdos y su posterior puesta en marcha.
Entre los proyectos autorizados en materia de carreteras destaca el destinado a la construcción de infraestructuras viarias de titularidad estatal en Asturias, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana, con una inversión global de casi 286 millones de euros.
