La Junta de Gobierno de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) ha aprobado por unanimidad autorizar la impugnación del modelo actualmente planteado para regular la jubilación anticipada de los conductores profesionales. La organización reclama que cualquier reducción de la edad de retiro se sustente en un análisis riguroso de los riesgos laborales, su relación con la edad y las medidas preventivas disponibles.
La decisión se adoptó durante la primera reunión de este órgano bajo la presidencia de José Luis Olivella. Según el análisis realizado por ASTIC a partir de informes de la Seguridad Social y estadísticas de la DGT y del Ministerio de Transportes, la mortalidad laboral es el único indicador general que supera el umbral de excepcionalidad establecido por la Administración.
Diferencias en la siniestralidad según el tamaño de las empresas
Los datos examinados por la patronal muestran diferencias importantes entre compañías: la tasa de fallecimientos en empresas de menos de diez trabajadores triplica la registrada en aquellas con más de 250 empleados. Sin embargo, ASTIC sostiene que no se ha acreditado una relación directa entre esta circunstancia y la edad de los conductores.
La organización también señala que los fallecimientos de ocupantes de camiones pesados han descendido más de un 20 % en el último lustro respecto a la media de 2015-2019, según los datos de la DGT, pese al progresivo envejecimiento de las plantillas.
Un sobrecoste de 265.200 euros anuales por cada 100 conductores
La financiación es otra de las preocupaciones de ASTIC. La patronal advierte del impacto que tendría trasladar el coste de la jubilación anticipada a empresas y trabajadores mediante cotizaciones adicionales. Como ejemplo, plantea un recargo del 10,60 %, similar al previsto para determinados colectivos en 2026. Para una empresa con 100 conductores y una base media de cotización de 2.500 euros mensuales, supondría un sobrecoste empresarial aproximado de 265.200 euros anuales, según sus cálculos.