Cada vez más empresas de transporte por carretera están encontrando dificultades para que sus clientes apliquen íntegramente la fórmula legal de repercusión del coste del gasóleo. Así lo ha denunciado la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) durante su primera Junta de Gobierno bajo la presidencia de José Luis Olivella, en la que también se abordó la competencia de determinadas cooperativas de trabajo asociado.
La reunión, celebrada en la sede de la CEOE, analizó el impacto del encarecimiento del combustible sobre la rentabilidad de las empresas. Según los datos de la IRU recogidos por ASTIC, el precio del gasóleo aumentó un 36,6 % entre enero y octubre, mientras que el coste total de posesión de los vehículos (TCO) se incrementó cerca de un 14 %. Esta evolución ha reducido en dos puntos los márgenes de los transportistas españoles en el mercado spot, mientras que en los servicios contratados la erosión alcanza el 8,5 % respecto a enero. A esta presión sobre los costes se suma la caída de la actividad internacional. Los flujos de mercancías por carretera entre las principales economías europeas han descendido un 4,5 % interanual, con una contracción del 5,4 % en el corredor España-Francia.
En este contexto, José Luis Olivella, presidente de ASTIC, advierte de que «cada vez más empresas transportistas encuentran dificultades para que sus clientes apliquen íntegramente la fórmula legal de repercusión del coste del combustible en las facturas de los portes ya realizados». «Se trata de una evolución muy preocupante que, si bien no es generalizada, debe ser atajada por los medios de Inspección ministerial y la aplicación del régimen sancionador que la propia ley impone», subraya.
ASTIC alerta de las diferencias de costes entre empresas y cooperativas
Otro de los asuntos tratados fue la reforma de la Ley de Cooperativas, que incorpora nuevas causas de descalificación y permite actuar frente a determinadas estructuras que, según ASTIC, encubren relaciones laborales y generan ventajas competitivas injustificadas. La patronal considera que la modificación normativa supone un avance, pero advierte de que las diferencias en su aplicación entre comunidades autónomas y los distintos regímenes de cotización pueden mantener situaciones de competencia desigual.
Para ilustrarlo, ASTIC plantea una simulación con una base de cotización de 3.000 euros mensuales. En el Régimen General, la cotización conjunta de empresa y trabajador alcanzaría aproximadamente 1.226 euros al mes, frente a los 453 euros de un socio trabajador de una cooperativa encuadrado en el RETA y que cotizara por la base mínima permitida. La diferencia superaría los 9.200 euros anuales por conductor, según los cálculos de la organización.