El robo de mercancías en el transporte por carretera provoca unas pérdidas económicas estimadas en 11.000 millones de euros anuales en Europa. Una cifra que refleja la magnitud de un problema que no solo afecta a las empresas transportistas, sino que también pone en riesgo la seguridad de los conductores profesionales y el funcionamiento de las cadenas de suministro.
El impacto económico de estos delitos va más allá del valor de las mercancías sustraídas. También incluye la reparación de vehículos, la reposición de productos, las interrupciones de actividad, los gastos administrativos, las investigaciones y los costes asociados a los seguros.
La AP-7 y varios centros logísticos de Madrid, entre las zonas de riesgo
Los registros correspondientes a 2025 facilitados por empresas asociadas a ASTIC identifican varios corredores especialmente afectados por los robos de mercancías. Entre ellos figura la AP-7, en el tramo comprendido entre Martorell y la frontera francesa, así como la A-9 francesa, especialmente en el entorno de Nimes y Montpellier.
En España, las empresas también señalan distintos puntos del área metropolitana de Madrid, especialmente polígonos industriales del sur de la capital y centros logísticos como MAD8, de Amazon.
Los métodos utilizados por las organizaciones criminales han evolucionado. A los robos tradicionales mediante cortes en las lonas de los semirremolques o accesos a los vehículos durante los descansos se suman técnicas como la suplantación de identidad, los falsos transportistas, las recogidas ficticias y el fraude documental y digital. Según ASTIC, los delincuentes también aprovechan información comercial, redes sociales y sistemas de reserva para identificar mercancías de alto valor antes de que comience su transporte.
Más de 4.200 ataques contra la cadena de suministro en España
De acuerdo con los datos de la Asociación para la Protección de Activos Transportados (TAPA) citados por ASTIC, en España se registraron más de 4.200 ataques contra la cadena de suministro.
José Manuel Pardo Vegezzi, director técnico de ASTIC y presidente del Comité de Asuntos Sociales de IRU, representará a la asociación española en el nuevo grupo de trabajo. «Esperamos que este grupo permita obtener una respuesta más eficaz por parte de las autoridades europeas que la que hemos recibido hasta ahora de las españolas», señala Pardo, quien asegura que ASTIC ha trasladado este problema en varias ocasiones a las autoridades nacionales sin tener constancia de actuaciones concretas.
ASTIC defiende una legislación más disuasoria, una mayor vigilancia y coordinación policial y un intercambio más eficaz de información entre los distintos actores del transporte internacional
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Europa necesita más de 390.000 plazas de aparcamiento seguro para camiones
La falta de estacionamientos protegidos es otro de los problemas que ASTIC considera prioritarios. Según las estimaciones recogidas por la asociación, la Unión Europea presenta un déficit superior a 390.000 plazas de aparcamiento seguro para vehículos pesados. Esta escasez obliga a numerosos conductores a realizar sus descansos en áreas sin vigilancia, polígonos industriales e incluso arcenes cuando los estacionamientos disponibles están completos, lo que incrementa su exposición a robos y agresiones.
ASTIC reclama acelerar la construcción de aparcamientos que cumplan los estándares europeos de seguridad, con vallado perimetral, videovigilancia permanente, control de accesos y sistemas de reserva previa. La asociación también apuesta por extender los niveles de certificación europeos, desde Bronce hasta Platino.
Uno de cada seis conductores, afectado por estos delitos
La delincuencia contra el transporte también tiene consecuencias directas sobre los profesionales. Según los datos citados por ASTIC, aproximadamente uno de cada seis conductores se ve afectado por este tipo de delitos y el 21% de los casos registrados implica agresiones físicas. La asociación advierte de que algunos incidentes han llegado a provocar situaciones de extrema gravedad, incluidos atropellos intencionados y fallecimientos relacionados con la defensa de las mercancías o los vehículos.
«Cada interrupción puede afectar a compromisos comerciales, procesos productivos, relaciones con clientes o costes operativos, especialmente en cadenas de suministro que trabajan con plazos cada vez más ajustados», explica Pardo.
