La medida, publicada este martes 21 de abril en el BOE, forma parte del Plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio, pero las asociaciones denuncian que, en la práctica, está dejando fuera a quienes más necesitan liquidez.
La resolución desarrolla el artículo 31 del Decreto-ley 7/2026 y establece las condiciones para que el Estado actúe como reavalista ante entidades financieras y petroleras. El objetivo es facilitar que los transportistas puedan ampliar el límite de crédito de sus tarjetas de combustible sin tener que adelantar dinero. Sin embargo, el sector considera que las exigencias impuestas convierten la ayuda en inaccesible.
El objetivo es facilitar que los transportistas puedan ampliar el límite de crédito de sus tarjetas de combustible sin tener que adelantar dinero
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Requisitos que excluyen a los más afectados
Entre las condiciones exigidas se encuentran estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, no figurar en registros de morosidad como el CIRBE del Banco de España y superar filtros de solvencia financiera.
«Para un transportista, la tarjeta de carburante es su herramienta de supervivencia. No se puede exigir un expediente impecable a quien está asfixiado»
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Según la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), estos requisitos dejan sin acceso a muchos autónomos que atraviesan dificultades precisamente por el aumento del precio del combustible. “Para un transportista, la tarjeta de carburante es su herramienta de supervivencia. No se puede exigir un expediente impecable a quien está asfixiado”, denuncian desde la organización.
El problema, añaden, es que muchos profesionales han tenido que retrasar pagos para poder seguir operando, lo que ahora les penaliza y les excluye del sistema de reavales.
«El crédito irá a quienes menos lo necesitan»
El objetivo del Gobierno es cubrir el riesgo de impago para que las petroleras concedan más crédito al sector. Pero FENADISMER advierte de un efecto contrario al deseado: «el dinero llegará a las empresas más solventes, mientras los pequeños transportistas quedarán fuera».
Además, critican que el proceso administrativo ralentiza la concesión de los avales en un contexto en el que el precio del combustible exige respuestas inmediatas.
Petición urgente al Gobierno
Ante esta situación, el sector reclama una simplificación urgente del sistema. Entre las propuestas, plantean que los reavales se concedan de forma automática o mediante declaración responsable. El objetivo es evitar que miles de transportistas se queden sin capacidad de repostar por falta de crédito, lo que podría afectar directamente a la cadena de suministro.
